El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, advirtió ayer a la patronal de que habrá un "otoño caliente" si no se desbloquea la negociación de los convenios colectivos sectoriales que está en marcha, en el marco de lo establecido en el acuerdo para la negociación colectiva rubricado a nivel nacional, que fija una subida de los salarios del 3% y que en 2020 no haya convenios colectivos que contemplen salarios por debajo de los 1.000 euros.

"No hay ninguna razón ni tiene sentido que no se suban los salarios y que en Asturias tengamos los convenios colectivos sectoriales, los fundamentales, los que representan a mayor número de trabajadores, que estén paralizados. Pedimos responsabilidad a las patronales", señaló Lanero ayer en la Feria, recordando que desde 2010 el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído en 5,4 puntos y que los convenios ya firmados recogen una subida del 1,8% cuando el IPC en junio ya estaba en el 2,3%.

Mientras el índice de precios del trabajo de 2016, último año disponible, ha caído más en Asturias un 1,8% frente al 1,3% de la media de España, "paralelamente, la economía crece al 3% y la industria en Asturias al 3,4% y la cifra de negocios crece un 10,4%. No vamos a permitir que nos tomen el pelo, o en septiembre empiezan a dinamizar todas las negociaciones de los convenios del metal, de la construcción, de la limpieza, del comercio, de la hostelería, de los minoristas de alimentación o habrá conflicto", recalcó el líder ugetista para quien "no tiene ningún sentido que ahora haya más problemas que nunca para dinamizar los convenios" cuando se firmaron en épocas de crisis, más difíciles.

Javier Fernández Lanero también instó al gobierno de Pedro Sánchez a que el cambio de política económica en España "aparte de las palabras, sea una realidad" reponiendo "todos los derechos que hemos perdido en estos últimos años del gobierno del PP".

Otra de las propuestas de UGT pasa por reforzar la inspección de trabajo y "exigimos un endurecimiento de las sanciones, hay que delimitar claramente el límite entre infracción administrativa y delito, exigimos también la creación de una fiscalía de delitos contra los derechos de los trabajadores que protejan los derechos laborales y también pueden contribuir a esto las fuerzas de seguridad del Estado, dándoles capacidad de levantar actas de sanción para luego dirigirlas a la inspección de trabajo".