La Dirección General de Tráfico ha incluido en su agenda, de momento con prudencia y sin fecha fija, un nuevo intento de rebajar la velocidad máxima en las carreteras convencionales, todas las de doble sentido. El responsable del departamento, Pere Navarro, abre el debate una vez que Francia ha resuelto el descenso del límite en este tipo de vías de cien kilómetros por hora -el tope establecido también en España- a ochenta.
El argumento de Navarro está dentro de la estadística de un verano trágico en las carreteras, con 34 muertos más que el año pasado -259 en toda España-, y el 77 por ciento de los siniestros mortales registrados en vías secundarias. Asturias encaja en el balance. Los cinco fallecidos el lunes en Avilés, en la incorporación a la autopista "Y", son la excepción a una norma que se cumple también en el Principado, donde la mayor parte de los muertos de esta campaña estival -veinte de los 26 registrados desde el 15 de junio- encontraron el infortunio en una vía de las llamadas secundarias.
Navarro ha completado la propuesta con la urgencia del incremento de los radares instalados en este tipo de carreteras. La rebaja de la velocidad supone reincidir en un intento que ya manifestó en 2015 la entonces responsable de tráfico, María Seguí. Su reforma del reglamento, que también proponía un incremento paralelo en la velocidad máxima de las autopistas y autovías y encalló en un informe contrario del Consejo de Estado, sugería bajar el límite en las vías convencionales de cien a noventa kilómetros por hora, algo que ahora genera división de opiniones entre los representantes de los usuarios de las carreteras.
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, se manifiesta contrario a "los límites genéricos de velocidad", que "no reducen los accidentes ni resultan creíbles", y optaría a cambio por trabajar el asunto "tramo a tramo" y establecer una limitación "específica", acorde con las características de cada trayecto.
La propuesta divide a colectivos de víctimas y ciclistas. Si Francisco Canes, presidente de la asociación de afectados DIA, aplaude la medida, la vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso, es tajante: "No es la solución, no van a servir absolutamente para nada, es gastar dinero donde no toca". A su juicio, habría que reformar el carné por puntos y reeducar a la ciudadanía en seguridad vial. Manuel Martín, de la Coordinadora en Defensa de la Bicicleta, justifica su adhesión en la gran afluencia de ciclistas a esas vías y desde la Fundación Pons resaltan que "los países con buenos índices de siniestralidad en Europa cuentan con límite de carretera convencional entre 80 y 90 kilómetros por hora".
