Vidau pide una demarcación judicial más lógica y superar "criterios localistas"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Ignacio Vidau, abrió ayer el que será su último curso judicial en el cargo con una encendida defensa de la independencia judicial y "la estricta aplicación de la Constitución, eludiendo siempre cualquier actuación basada en criterios de oportunidad". Vidau indicó que es preciso reforzar la credibilidad del sistema. Y se lamentó de una Justicia "obsoleta", a la que las sucesivas reformas no han logrado modernizar. Uno de los aspectos que deben actualizarse es el de la demarcación judicial, a la que Vidau dedicó una parte destacada de su discurso. "El Principado está dividido en 18 partidos, sin duda una cantidad excesiva, una demarcación fijada en tiempos en los que las comunicaciones eran muy deficientes. Esto da lugar a un aprovechamiento bastante deficiente de los recursos", indicó. Asturias tienen más jueces que la media, pero está peor distribuidos. "Es imprescindible abordar de una vez por todas la elaboración de una nueva demarcación", añadió. Y llamó a "superar algunos criterios sociopolíticos excesivamente localistas, que quieren convertir en una tragedia para su municipio la agrupación de los partidos judiciales".

Vidau llamó además a potenciar las competencias del Consejo del Poder Judicial, que "ha de quedar al margen de las tensiones políticas". También se lamentó de las crecientes diferencias entre comunidades autónomas, "lo que crea ciudadanos de primera y de segunda". Y pidió "de una vez por todas un plan de inversiones a lo largo de varias legislaturas".

En cuanto a los números de la Justicia asturiana, Vidau dio cuenta de un incremento de los asuntos en la sala de lo Contencioso-Administrativo del 23,43 por ciento, así como en la sala de lo Social (6,60 por ciento). La jurisdicción civil se incrementó un 13 por ciento, mientras que la penal bajo un 5,1 por ciento. Y aunque la tasa anual de litigiosidad (122,9 procedimientos por mil habitantes) está lejos de la media nacional (179,7), Vidau no dudó en indicar que la carga sigue siendo muy elevada. Indicó además que "es inadmisible la escasez de equipos psicosociales, que hace que los informes requeridos tarden hasta un año en emitirse".

Decreto de Oficina Fiscal

La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, también ofreció las cifras relativas a 2017 en la apertura del año judicial. En conjunto ha habido menos asuntos, aunque hay aspectos que destacó, como el incremento de robos en viviendas por parte de mujeres rumanas, el aumento de las estafas por simulación de accidentes, el crecimiento de las agresiones sexuales en portales o vehículos, o a personas con las capacidades disminuidas por la ingesta de alcohol o drogas, y también los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores.

La fiscal superior resaltó "el escaso número de denuncias por delitos de urbanismo que llegan desde los entes locales, pese a que estas administraciones son las que tienen un conocimiento más directo". Y lo mismo respecto a los delitos contra el patrimonio histórico. Tras pedir una reforma que dé a los fiscales la instrucción penal, Fernández pidió más espacio material y dio cuenta de que "al fin" se ha elaborado el decreto de Oficina Fiscal por el Gobierno regional, que pasará en breve a informe del Consejo Fiscal.