La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para dar cabida a la cooficialidad del asturiano se ha convertido en un juego inestable de equilibrios políticos que en la práctica ni siquiera tiene asegurado el paso del primer corte en la Junta. Planteada contra reloj, a un paso del final de la legislatura y con el respaldo insuficiente de Podemos e IU, los grupos promotores no tienen más alternativa que buscar aliados y apretar el paso. Para que esto no termine antes de empezar sólo cabe convencer al PSOE de que no se oponga en la votación del trámite de acceso a la cámara y acelerar para que esa toma en consideración no se les vaya más allá de este mes de noviembre. Para que el proyecto pueda seguir camino en la Junta haría falta al menos la abstención del PSOE y la de otro grupo, que tendría que ser Foro dadas las actitudes previas y la hostilidad que PP y Ciudadanos nunca han ocultado ante la cooficialidad.

Mientras se espera con cierta inminencia el preceptivo dictamen del Gobierno sobre la propuesta de reforma, Podemos e IU siguen introduciendo matices en su manera de impulsar la cuestión y en el énfasis que unos y otros ponen en los plazos. La formación morada da por cierto que hay tiempo de completar el proceso a finales de marzo -la Junta se disolverá el 2 de abril-, "incluso aunque se nos pongan trabas", y pone el objetivo en intentar que la legislatura no concluya sin una votación que en vísperas de las elecciones ponga la pelota de la oficialidad en el tejado del PSOE. A su juicio, el escollo está más en la previsible reticencia del PSOE a abstenerse en la toma en consideración que en el acoso de los plazos. Fuentes de IU marcan algunas distancias. Mirando de reojo a sus compañeros en este viaje abogan por sacar la cuestión de "la lógica electoralista" e incluso por llegar al pleno de toma en consideración con "un pacto progresista de futuro con el PSOE". Se trata, aducen, de adoptar una visión más pragmática, una "metodología política que no excluya potenciales aliados ni esterilice la reforma para esta legislatura y la próxima", que argumente en lugar de limitarse a "poner a los socialistas contra las cuerdas".

Dicho sea todo esto a sabiendas de que la reforma se ha convertido en un juego de gestos cuyo éxito práctico será casi inviable a corto plazo, habida cuenta de que el PSOE tiene la cooficialidad incorporada al ideario de sus más recientes resoluciones congresuales pero ha reiterado que se opone a abrir ese melón hasta la próxima legislatura. Ahora, desde la óptica de los promotores la idea es conseguir que el PSOE no se oponga a la toma en consideración y detenga la reforma antes de empezar. Sólo así podría seguir un calendario de plazos muy ajustados pero factible en opinión de Podemos: toma en consideración en noviembre, comparecencias en el peor de los casos hasta febrero, enmiendas entre este mes y el de marzo y votación final antes de que la Junta finalice su mandato a principios de abril.

Podemos valoró la posibilidad de acelerar los plazos planteando la tramitación urgente por lectura única, pero pudo más la desconfianza. Habida cuenta de que el trámite acelerado necesita pasar por la Mesa de la Junta, temieron el bloqueo socialista y terminaron considerando "más probable una abstención del PSOE ante la toma en consideración -hay al menos dos precedentes de abstención socialista en votaciones sobre el asturiano- que un voto que en la Mesa, de forma más silente, pudiera detener la lectura única".

Descartada esa opción, los planes siguen por la vía ordinaria. El juego de las mayorías se altera alrededor de la otra propuesta de reforma estatutaria anunciada para este final de legislatura, carente asimismo de los apoyos imprescindibles para salir adelante. La iniciativa para suprimir los aforamientos, anunciada por Ciudadanos con el apoyo de Podemos a principios de octubre, está pendiente de registro desde entonces, pero su entrada en la cámara se prevé inminente, toda vez que de otro modo no tendría plazo para salir adelante. Aquí las actitudes previas obligan a los impulsores a ganarse el respaldo de PSOE y PP.