La Consejería de Servicios y Derechos Sociales mostró ayer su disconformidad con el informe de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) correspondiente a 2018 y que sitúa a Asturias en el sexto puesto del ranking nacional. En su opinión, hay "errores" que de no cometerse "mejorarían la puntuación" (6,35) del Principado.
El informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales destaca de Asturias la extensión del Salario Social, pero la suspende en Dependencia. Según el Principado, la causa está fundamentalmente en que no hay un modelo estándar para todas las comunidades. Así, por ejemplo, en la atención residencial a los dependientes, en el caso del Principado, sólo se aportan las plazas que se sostienen con financiación pública, no incluyen las privadas, como sí hacen otras autonomías. Y tampoco computan las personas que perciben una prestación vinculada, con la que en el Principado se costea una plaza en la residencia privada.
El limbo
El informe DEC también indica que el limbo de dependencia (personas con derecho reconocido que se encuentran a la espera de recibir prestación) continúa por debajo de la media nacional, con un 7,4 frente a un 10,1 por ciento. Y que es la única comunidad autónoma que ha empeorado, en 1,1 puntos. La Consejería indica, sin embargo, que Asturias es de las comunidades en el que las personas esperan menos tiempo para recibir la prestación concedida, que es un 12 por ciento frente al aproximadamente 19 de media del país (según los datos publicados por el Imserso en marzo de 2019). Y aún es inferior en el caso de los grandes dependientes.
Pero no sólo eso. Asturias cuenta con un doble sistema de atención para atender a las personas que tienen un grado de dependencia moderado para que puedan recibir atención en sus domicilios a través de los convenios con los ayuntamientos. Por ejemplo, con la ayuda a domicilio y la teleasistencia.
El informe DEC no tiene en cuenta además que la política de Asturias se basa en el envejecimiento activo, por lo que se invierte en programas preventivos y de promoción de la autonomía que tampoco se tienen en cuenta en el análisis. Y además se penaliza por tener menos personas dependientes de 65 años que en otras comunidades, "cuando esto es positivo y se debería primar tener menos y no más".
El Principado constituyó en esta legislatura el Observatorio asturiano de Servicios Sociales y reivindica la creación de uno a nivel estatal con indicadores uniformes para todas las autonomías.
