El Gobierno autonómico quiere "blindar" el salario social "por lo que pueda venir", según subrayó ayer la consejera de Derechos Sociales ante el debate sobre esa prestación que plantearon tanto IU como Podemos en el pleno de la Junta General. La consejera Melania Álvarez apuntó el interés del Ejecutivo en introducir reformas encaminadas a "facilitar la entrada y salida" en esa ayuda, cuya demanda ha ido en aumento desde su creación en 2006, para que no desincentive el acceso de algunos beneficiarios al mercado laboral.
El diputado Ovidio Zapico (IU) recalcó la conveniencia de no confundir el salario social con un programa como el del empleo verde social, una iniciativa que la coalición defiende como "nicho de oportunidad" para luchar contra especies invasoras tales como el plumero de la pampa. "Habrá que definirlo, pero los trabajadores deberían percibir un salario por encima del salario mínimo y garantizar el retorno al programa del salario social básico", reclamó Zapico, quien hizo votos por que el nuevo Gobierno central asuma una renta social básica estatal y aporte la financiación necesaria.
Melania Álvarez recogió ese guante, compartió esa reivindicación y situó en el marco de la concertación, donde están los agentes sociales, el espacio idóneo para concretar la fórmulas que permitan "simplificar y agilizar" el salario social y adaptarlo "a nuevas realidades sociales" ante el escenario "que pueda venir".
Rafael Palacios, de Podemos, mantuvo un discurso duro. Llamó a acabar con discursos como "el de un diputado del PP que en la anterior legislatura acusó de vagancia a quien recibe el salario social". El diputado morado lamentó los retrasos en el salario social, afirmó que "no es de recibo ofertar sueldos miserables y exigir contraprestaciones a personas que necesitan un salario mínimo para sobrevivir" y puso en duda que los diputados "puedan sentenciar quién es vago y quien no".
