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Defensores del lobo piden a Ribera que prohíba los planes de gestión autonómicos

“Si está protegido, ni caza ni controles”, remarca Ignacio Martínez, de Ascel, ante la reunión de la Ministra con las comunidades

Una imagen de varios ejemplares de lobo ibérico. EP

Los defensores del lobo ibérico piden a la ministra Teresa Ribera que prohíba los planes de gestión autonómicos. “Si el lobo está protegido, ni caza ni controles”. Así de tajante se muestra Ignacio Martínez Fernández. El presidente de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) pretende marcar la hoja de ruta de la reunión que esta tarde mantendrá la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, con el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, y con sus homólogos de Galicia, Ángeles Vázquez; Cantabria, Guillermo Blanco, y Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

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Martínez Fernández considera que Ribera “no puede destrozar el sistema de gestión de la biodiversidad de España por una mala interpretación de la protección del lobo. Si está protegido, no se le puede matar, ni por la caza ni por controles”. La intención de los consejeros de las comunidades del Noroeste, donde la presencia del lobo ibérico supone el 95% del total de ejemplares que hay en la Península, pasa por que el Ministerio dé cabida a sus planes de gestión dentro de la norma de protección de esta especie y así poder controlar la población de lobos al norte del Duero.

Desde la Ascel están recabando apoyos, a través de la presentación de alegaciones a la consulta pública del Ministerio sobre la modificación del estatus legal del lobo en España. En su página web disponen de un modelo en el que inciden en que “el lobo precisa, tanto por razones objetivas como por comparativas con otras especies ya protegidas, su inclusión no solo en el listado, sino en el catálogo como ‘vulnerable’”. Del mismo modo, instan al Ministerio que dirige Teresa Ribera a incluir una consideración adicional de la incompatibilidad de la condición de especie protegida con todas las normas autonómicas que habilitan la muerte del lobo por caza y/o controles, como son los planes de gestión de Galicia, Asturias, Cantabria y Álava. También piden anular los aprovechamientos cinegéticos y autorizaciones de control de Castilla y León, los programas de control de Asturias, los cupos de extracción de Cantabria, las autorizaciones de caza y el control de La Rioja.

Las cifras

  • Animales muertos. Asturias reportó 2.977 casos, Galicia, 2.310; Castilla y León, 3.685, y Cantabria, 1.518.
  • Número de ataques. En Galicia se registraron 1.303, en Castilla y León hubo 2.578 y en Cantabria 821.
  • Indemnizaciones por daños del lobo. Asturias desembolsó 889.549 euros en 2018 (año del último dato oficial), mientras Galicia abonó 646.000 euros, Castilla y León 1.235.002 euros y Cantabria 428.498.

El presidente de Ascel es también crítico con la postura de los ganaderos, quienes se ven directamente afectados por la protección integral del lobo. Las críticas de los ganaderos se sustentan en las cifras de reses muertas a manos del lobo, que el año pasado superaron las 10.000 en las comunidades del Noroeste. “Este no es un debate de los ganaderos ni de los cazadores. Estamos hablando de un bien de interés general. El lobo está en la Constitución y la caza y la ganadería no. Ellos tienen sus intereses y que pidan sus justas reclamaciones. Hay que tener en cuenta que la pervivencia de la actividad ganadera está pagada con dinero público, con las ayudas de la PAC, los seguros subvencionados, para que el perceptor de estas ayudas respete el medio. No tenemos nada en contra de los ganaderos, pero que opinen de ganadería, no del lobo. Este no es un debate del ministro Planas, es una responsabilidad de Ribera”, argumenta.

Martínez Fernández avisa que, en caso de que la ministra Ribera dé su brazo a torcer y permita controles de población del lobo a las comunidades del Noroeste, la asociación que preside llevará el asunto a los tribunales.

Un estudio concluye que el cánido es portador de adenovirus que afectan al oso pardo

Un estudio científico realizado por investigadores españoles ha identificado al lobo como un reservorio del adenovirus canino tipo 1 (CAdV-1), que se está convirtiendo en un patógeno emergente del oso pardo cantábrico. Los investigadores indican que los carnívoros domésticos y silvestres pueden actuar como reservorios del virus y probablemente propagarlo al medio ambiente y luego transmitirlo a los osos pardos. En la elaboración del estudio se investigó la prevalencia y distribución geo-temporal del CAdV-1 entre lobos en libertad en Asturias entre 2009 y 2018, tiempo en que se notificaron tres casos de hepatitis infecciosa canina entre osos pardos en Asturias.

La investigación explica que el CAdV-1 causa hepatitis infecciosa canina, una enfermedad que se ha descrito como una de las causas de muerte en poblaciones amenazadas de oso pardo europeo en la cordillera Cantábrica, en concreto en la zona asturiana. Durante la investigación se analizaron 149 lobos, de los que 21 (un 14%) tenían ADN de CAdV-1 detectado por PCR en tiempo real en muestras de bazo.

El Serida ahonda en las explicaciones, aportando que la prevalencia del virus fue similar entre machos y hembras. Todos menos uno de los animales positivos para CAdV-1 eran menores de dos años y solo uno de los 46 animales estudiados menores de dos años mostraba restos del virus.

Los investigadores descubrieron además que la prevalencia fue más alta en la zona occidental de Asturias y durante 2010 y 2011. Los científicos que participaron en el estudio abundan en que “nuestros resultados confirman que el CAdV-1 está circulando en lobos en libertad asturianos, lo que respalda su posible papel como importante reservorio del virus y centinelas en la región de esta enfermedad emergente en osos pardos”.

El estudio sobre la afectación del adenovirus del lobo en las poblaciones de oso pardo europeo fue realizado por investigadores españoles del departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), del Centro de Biotecnología Animal de Gijón y de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa), entre los que están Ana Balseiro, Alberto Espí, Luis J. Arroyo y Álvaro Oleaga.

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