Las costuras de la Administración asturiana se resentirán por la gestión de los futuros fondos europeos para la recuperación económica tras los efectos de la pandemia. Tanto es así que el Gobierno regional prevé lanzar un plan de empleo público temporal, por un periodo de tres años, para hacer frente a la tramitación de los proyectos que recibirán fondos de la Unión Europea, en especial en el área de contratación. ¿Cómo es posible que una Administración con unos 12.000 funcionarios (a los que se suman 25.000 que son personal sanitario o docente) aún necesite más personas para afrontar ese reto en la gestión y el papeleo?
Las ineficiencias que arrastra la Administración asturiana desde hace décadas ya afloran en cuestiones como el largo plazo de tramitación de las ayudas por el covid para sectores afectados por los cierres, la demora en la gestión de los fondos europeos de los programas Leader en Medio Rural, o incluso en el trámite de las denuncias por incumplimientos de las normas relativas a las restricciones sanitarias, que competen a la Consejería de Salud. La imposibilidad para desplazar efectivos a distintas tareas cuando es necesario, aunque correspondan a otra área diferente, ocasiona que ciertos servicios de la Administración autonómica colapsen cuando existe una sobrecarga extraordinaria de trabajo.
Todos esos problemas quedarán al aire cuando Asturias deba asumir la gestión y tramitación de las ayudas europeas del fondo NextGenerationEU. No es una deficiencia exclusiva de la Administración asturiana. La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ya planteó esta misma semana la necesidad de que las administraciones autonómicas puedan reforzar su personal ante el “esfuerzo” que implicará “ejecutar con rapidez y efectividad” las inversiones relacionadas con el plan de recuperación de la Unión Europea.
Cárcaba trasladó esa petición en una reciente conferencia sectorial relativa al plan de recuperación, pero otras comunidades autónomas ya han operado ante el mismo problema, abriendo la puerta a contrataciones temporales para afrontar la sobrecarga de trabajo. Incluso el propio Gobierno central es consciente del problema. El real decreto-ley de modernización de la Administración pública, aprobado el pasado diciembre, ya señala que las administraciones públicas españolas, y en especial la General del Estado, deberán operar con agilidad, lo que hace preciso “revisar los obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos de gestión pública”.
El Gobierno regional asturiano está inmerso en un ambicioso plan para reformar una Administración autonómica que ha ido creciendo durante décadas siguiendo su inercia, pero sin una estrategia clara para afrontar los retos de los nuevos tiempos. Pero el Ejecutivo ya es consciente de que la reforma que quiere considerar uno de los hitos de esta legislatura “se extenderá por varios años, porque son muchos los frentes que acometer”. Eso sí, el plan del Gobierno de Adrián Barbón es que los hitos que aceleren esa transformación se asienten a lo largo de los próximos meses. Estos son los pasos para tratar de convertir una Administración asturiana envejecida y lenta en un instrumento ágil y acorde con los tiempos.
Simplificar trámites para evitar papeleo.
El Gobierno prevé presentar durante este periodo de sesiones (antes del verano) su ley de Simplificación Administrativa. Persigue eliminar algunos procesos que no hacen más que atascar los trámites o enredar al ciudadano. Por ejemplo, los pliegos de contratación requieren un informe jurídico. En la actualidad, se elabora uno por cada pliego que se redacta para cada contrato. Uno de los objetivos es establecer “pliegos tipo” que ya hayan sido informados jurídicamente y en los que únicamente varíen cuantías u objetos del contrato.
Desatascar un tapón originado por una sentencia judicial.
Un total de 1.340 puestos de jefaturas de la Administración autonómica están a la espera de su estabilidad después de que una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia declarase nulas las directrices que sirvieron de base para la relación de puestos de trabajo que dio pie a una convocatoria para esas plazas, que ya habían sido anuladas al considerar los jueces que algunos cargos habían sido cubiertos de forma arbitraria. Se trata de un embrollo jurídico que el Gobierno ha tratado de sortear presentando una nueva provisión de puestos de trabajo del personal funcionario. Ese “limbo jurídico” explica que numerosos funcionarios prefieran esperar a que se resuelva esa situación, que afecta a sus destinos laborales, antes de que se aborde cualquier otro ajuste en la Administración. El Principado confía en sacar próximamente esta nueva provisión de puestos de trabajo, aunque es consciente de que supondrá reclamaciones judiciales de quienes se sientan afectados.
Una nueva ley que regule la Función Pública, pero a la sombra de una amplia reforma nacional.
El Principado quiere cerrar este año con la entrada en el Parlamento de la nueva ley de Función Pública (la vigente data de 1985), que pretende sea el armazón jurídico para introducir nuevos elementos en el funcionamiento de la Administración, como establecer una gestión por objetivos que lleve asociada también complementos retributivos a quien los alcance, así como fijar una carrera profesional que no suponga un mero “extra” global en las nóminas. Asturias no tiene competencias plenas en cuanto a la regulación de la Función Pública, pero el Principado está en contacto con el Gobierno central para armonizar la reforma legislativa que llevará a cabo el Principado con los cambios que la Administración central quiere incorporar en el marco legal total. Esta nueva ley podría salir del Consejo de Gobierno en el horizonte del próximo mes de junio. Desde hace tres meses, dieciocho expertos abordan la elaboración del texto, que tras cumplir los trámites preceptivos podría entrar en el Parlamento a finales de año y quedar aprobada en la primavera de 2022, lo que asentaría la base para un concepto “más plástico” de la Administración regional –según palabras del vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño–, con mejor capacidad para adaptarse a las necesidades de cada momento.
Nuevas categorías profesionales y perfiles orientados a la gestión de procesos, aprovechando las jubilaciones.
El siguiente paso será la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo. Este documento permite establecer qué empleos son necesarios y tratará de incorporar perfiles profesionales que ya existen en la empresa privada, pero que son inéditos en la Administración, como expertos en datos (“big data”) o responsables de optimizar procesos orientados a la gestión. Para ello, el objetivo es aprovechar el elevado número de jubilaciones que hay en el horizonte de la Administración regional. Casi la mitad de la actual plantilla se retirará en los próximos diez años, por lo que muchos puestos quedarán amortizados para crear nuevas categorías profesionales.
La tasa de reposición, obstáculo para resolver el problema de la interinidad.
El ministro de Función Pública, Miquel Iceta, anunció esta semana el objetivo de reducir a un 8% la tasa de interinos en las administraciones. La interinidad es desigual: ronda el 8% en las estructuras del Estado, asciende al 13% en los ayuntamientos y se eleva hasta el 30% en las administraciones autonómicas. Es este un problema de compleja solución si no se modifica el tope establecido legalmente para cubrir las vacantes: la llamada “tasa de reposición”. Esta tasa ha estado en numerosas ocasiones por debajo del 100%. Iceta anunció incluso la disposición a elevarla hasta el 130%.
Un largo proceso, pero con bases asentadas en esta legislatura.
El Gobierno regional admite que la reforma de la Administración asturiana será un largo proceso que conllevará varias legislaturas, pero confía en tener asentadas antes de 2023 las bases jurídicas para llevarla a cabo y el trazo grueso de los servicios del futuro. En privado, los responsables políticos admiten que es un camino complicado, que debe combatir “resistencias al cambio” que anquilosan a la Administración pública. Harán falta altas dosis de negociación con los sindicatos de los trabajadores públicos y hacer calar nuevas formas de trabajo. Y también sortear los propios efectos que tiene en el proceso todo aquello que se quiere cambiar: tramitar una ley exige un largo periodo, no menor de un año. Y, además, es necesario un acuerdo político en la Junta que permita su aprobación, que para ser estable debería incluir al PP. En definitiva, se necesitan altas dosis de cintura política por todas partes.
