“Todo por hacer” en la reforma de la Administración asumida por el Principado

El golpe de timón tenía toda la intencionalidad. Barbón ponía en manos de su consejero más veterano y experimentado en la gestión de la “res pública” una misión en la que se han enfangado todos los Ejecutivos autonómicos desde la época de Vicente Álvarez Areces, cuando el Principado asumió las competencias en educación, sanidad y justicia, multiplicando por cuatro la dimensión y volumen de la plantilla pero también de los problemas y las asignaturas pendientes de la Administración asturiana.

Juan Cofiño, cauto y precavido, advirtió de entrada que tamaña empresa abarcaría más allá de la presente legislatura (2019-2023), pero el libro de ruta ya tiene sus primeros hitos. La ley de simplificación de trámites, en una administración “arteriosclerótica” por su exceso de normas y regulaciones, es un objetivo que el Ejecutivo regional quiere cumplir el próximo mes, al mismo tiempo que empieza a desatascar las tomas de posesión de los nuevos funcionarios que llevan esperando dos años por su puesto desde que aprobaron la oposición o el concurso de 1.200 jefaturas, inmerso en litigios, pleitos y recursos desde hace más de una década. Y para antes de que finalice 2021, la consejería de Administración Autonómica pretende tener aprobado el proyecto sobre la nueva ley de Empleo Público, llamada a dar el relevo a la ya obsoleta legislación regional del año 1985. Las necesidades que pusieron en pie la “arquitectura” del Principado poco tienen que ver con las actuales y el grueso de la plantilla que entró por oposición en los albores de la autonomía tiene la jubilación a la vuelta de la esquina. Doble oportunidad para modernizar la estructura y la “infantería” que necesita el Principado para dar el salto al siglo XXI.

Sergio Fernández Peña, presidente del sindicato CSIF en Asturias, reconoce que el departamento de Cofiño “está arrancando en asignaturas pendientes como los concursos, el teletrabajo, las ofertas públicas de empleo y la nueva ley para la función pública, pero está todo por rematar. Se están poniendo los mimbres, pero queda mucho porque en etapas anteriores solo se pusieron parches y los problemas, lejos de atajarse, crecieron. Por ejemplo, en la interinidad, donde la fórmula para reducir la temporalidad en Asturias es una perversión del acuerdo nacional de estabilizacion firmado en 2018”.

La evaluación de la primera mitad del mandato del Gobierno regional en el ámbito de la administración por parte de Borja Llorente, coordinador del área pública de Comisiones Obreras, pone el acento en las carencias: “El principal problema, el de la temporalidad en el empleo, lejos de disminuir está aumentando y llegando a niveles insoportables”, afirma Llorente, que señala el envejecimiento de la plantilla y la equiparación salarial como otras de las lagunas. “Los trabajadores del Principado están peor pagados que los de otras autonomías como, por ejemplo, Cantabria. Y la razón está en la falta de recursos y en la infrafinanciación porque no se negociaron bien, hace muchos años, las transferencias, algo que es responsabilidad de la Federación Socialista Asturiana, que salvo dos breves paréntesis, llega gobernado esta autonomía casi 40 años”.

“Queda por hacer todo”, concluye José Luis González, coordinador de USIPA, otro de los sindicatos más representativos en la administración autonómica. “Se habla mucho de reformas y modernización pero seguimos con la ley de 1985 y, por ejemplo, el Principado, a esas alturas, no cuenta con un cuerpo de informáticos que sean funcionarios, son todos laborales”, expone González, quien también cuestiona que para un mismo puesto, como psicólogos o asistentes sociales, “haya funcionarios y laborales, no tiene sentido”. Asimismo reprocha que se mantenga a personal con contratos por obra y servicios “desde hace 15 o 20 años y esas plazas no se sacan a oposición, es un absurdo”.