El retraso de un informe de la Agencia Tributaria obliga a suspender el juicio del desfalco de Joama

Después de que el juicio del desfalco de la Joama se pospusiese hasta en dos ocasiones, en marzo y en junio, los afectados de esta calderería de Noreña esperaban que el juicio se iniciase en la mañana de este miércoles en la sección tercera de la Audiencia Provincial, pero la falta de diligencia de la Agencia Tributaria en la presentación de un informe solicitado ya el pasado febrero, y que llegó al tribunal la misma mañana del inicio de las vistas, ha obligado a suspenderlas. El presidente del tribunal, Javier Domínguez Begega, ya avisó de que no tienen días libres hasta el próximo mes de mayo, aunque los afectados esperan que se pueda conseguir un hueco antes de ese mes. "Es vergonzoso, vamos a morir antes de que haya un juicio", se quejaban los afectados tras la suspensión. Y es que, como explicaba el abogado de los afectados, Julián Lausín, la querella criminal por este asunto ya se presentó el 2013, un año después de que la empresa entras en quiebra, según las acusaciones por haber sido descapitalizada por sus administradores, que se enfrentan a penas de entre 12 y 26 años de cárcel.

Los afectados sí pudieron ver sentados en el banquillo a los acusados: el administrador Juan Manuel O. G., que se enfrenta a penas de entre diez (acusación particular) y seis años (Fiscalía) de cárcel; Alberto F. P. y Víctor R. F., para quienes piden entre tres (Fiscalía) y ocho años (acusación particular) de cárcel. El monto de lo desfalcado, 3,6 millones de euros, según la acusación particular. El dinero se fue a otras sociedades a nombre de los propios acusados o sus familiares. Precisamente, el informe de la Agencia Tributaria, que llegó al tribunal justo este miércoles por la mañana, ilustra sobre el entramado de sociedades creadas por los acusados. El tribunal decidió suspender el juicio para que las defensas se ilustrasen sobre ese informe. Imposible que los afectados no vean una mano negra ante la imposibilidad de obtener justicia. "La instrucción fue muy lenta y ahora llega un informe pedido en febrero. La Agencia Tributaria debe depurar responsabilidades", indicó el abogado Julián Lausín, que en la sala llegó a pedir al tribunal que investigase qué hay detrás de tanto retraso.

Los trece afectados, dueños y trabajadores ellos mismo de una empresa que llegó a tener cien empleados (y que iba viento en popa cuando quebró), quedaron con una mano delante y otra detrás. La Audiencia ya les ha reconocido al menos 1,5 millones, pero ese dinero no aparece. "No fueron suficientes ocho años, todavía se necesita más tiempo. Es la historia de todos estos años, la documentación se atasca en el Juzgado, en la Agencia Tributaria..., es una vergüenza", indicó Mónica Fernández, una de las afectadas. Ahora les toca esperar.