César Quila Rueda reside en el barrio de La Tenderina, en Oviedo, junto a su mujer, Katherine Ortiz Ortiz, y sus dos hijos, Juan Manuel, de 9 años, y Mariángel, de 3. Desde el 30 de septiembre está sin trabajo y no recibe la prestación por desempleo. Este colombiano, de 42 años, lleva tres años en España y ha hecho de todo durante ese tiempo: ha cuidado caballos, recogido lechugas, trabajado en la oliva, en restaurantes, en la construcción o de conductor.
En su último empleo, en una distribuidora de alimentos, ganaba 1.200 euros por trabajar 12 horas al día. Era el único de su hogar que trabajaba y, por lo tanto, los componentes de su familia están dentro de lo que el informe AROPE define como “personas en riesgo de pobreza o exclusión social”, puesto que cumple con uno de los requisitos, el de la pobreza relativa, que se determina por tener una renta inferior a 802 euros por unidad de consumo. Esa tasa se establece sumando como una unidad al primer adulto, 0.5 por cada adulto más que resida en ese hogar y 0,3 por cada niño. En este caso, el domicilio de César sumaría 2.1, que, durante el tiempo que estuvo trabajando, se dividiría entre los 1.200 euros que percibía. Una situación que les dejaría por debajo de los 802 euros mencionados y cerca de la pobreza severa, que es cuando se perciben menos de 535 euros al mes por unidad de consumo. Una situación a la que están abocados mientras César no encuentre otro trabajo.
A pesar de todo, tiene la tranquilidad de haber podido pagar el alquiler con su último salario y de contar con ahorros para pagar el siguiente. Sí reconoce que no había tenido que hacer uso de Cáritas y que ahora quizá tenga que hacerlo. La de César es una familia muy religiosa, que ha encontrado un gran apoyo en la iglesia de La Tenderina y en su párroco, el padre Alberto Reigada. “Gracias a Dios tenemos ayuda y un pequeño ahorro para llegar al siguiente mes”, señala César Quila. Sin embargo, le preocupa poder hacer frente a las facturas de luz y agua.
La etapa más dura del covid también fue difícil para César, que en su país era auxiliar de enfermería, ya que se contagió, estuvo hospitalizado y pasó 47 días con el covid en Madrid. “Estaba cuidando a un señor que murió y gracias a Dios que el hijo nos dejó quedarnos en la casa”, relata sobre esa etapa. La de César y su familia es una historia de lucha y supervivencia que pone rostro a los 282.000 casos de personas en riesgo de pobreza y exclusión social que se dan en Asturias y que, según refleja el informe, colocan al Principado por primera vez entre las regiones con más impacto de la pobreza de España, con una tasa del 27,7%,
Héctor Colunga, presidente en Asturias de la Plataforma Europea de Entidades Sociales, advierte de que para cambiar esta situación hace falta “voluntad”: “Las cosas no se cambian si no hay voluntad para cambiarlas, voluntad como sociedad, asumiendo que existe esta realidad y que no es tolerable”. A los políticos, por su parte, les pide “un pacto” en el que lleguen a un primer y fundamental acuerdo: “Esto no puede seguir así”. Advierte, a su vez, de que esta situación “no se solucionará en uno o dos años” y que la alternativa a trabajar para cambiarlo es “ser una región subsidiaria, y ese no debe ser el horizonte de Asturias”.
Tampoco le da la espalda al problema Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, que reconocía ayer su preocupación por los datos que arroja el último informe AROPE: “Nos preocupan los datos del estudio y no vamos a guardar la cabeza debajo del ala, ni a decir que eso no va con nosotros”. Eso sí, defiende que “sería injusto no reconocer lo que llevamos haciendo en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Asturias, no solo en esta legislatura sino en los últimos años”. Pone como ejemplos medidas como el salario social básico, con una de las mayores coberturas de toda España; programas de vivienda como el “housing first” para personas sin techo, o el bono social térmico.
Precarización y ausencia de un tejido productivo, motivos de la desigualdad
Solo Ceuta y Melilla tienen un indice de desigualdad superior al de Asturias. Así lo determina el informe AROPE en base al índice de Gini, que mide de cero a cien la desigualdad en un territorio: cero sería una igualdad total, con un mismo nivel de riqueza para toda la población, y cien todo lo contrario, que una sola persona tuviera toda la riqueza y el resto nada. En Asturias se sitúa en el 34, casi dos puntos por encima de la media nacional.
Héctor Colunga, presidente de la Plataforma Europea de Entidades Sociales en Asturias, explica algunas de las razones que pueden llevar a que el Principado sea la comunidad autónoma con una mayor desigualdad: “La explicación es tan sencilla como que se mantiene el número de personas que tienen más recursos y cada vez hay más personas que tienen menos”. Y eso sucede, explica Colunga, por la tendencia que se está observando en la región a una “precarización del trabajo”. Entre las soluciones estaría “la generación de una economía productiva”. Y es que, añade Héctor Colunga, “el 90% del empleo en Asturias está en el sector servicios, donde abunda el trabajo más precario”. Todo ello se debe a que el Principado “se ha descapitalizado con el cierre de industrias”, añade el presidente de la plataforma en la región.
Lo peor es que en el caso de que no cambien las cosas esta realidad podría empeorar: “Las jubilaciones han mantenido durante un tiempo la situación, pero dentro de diez años, cuando haya menos jubilados que mantienen a unidades familiares, si al mismo tiempo no vas generando empleo, la situación puede empeorar”, señala Colunga.
Los datos que arroja el informe AROPE son, dice Colunga, “una bofetada” para Asturias y constatan “una realidad” que habla de un mundo en el que el empleo no garantiza salir de ese riesgo de pobreza y exclusión social que se analiza en el informe: “La precarización ha hecho que tener un empleo no te garantice los ingresos suficientes para vivir”.
