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Unos 3.300 sanitarios interinos accederán a una plaza fija sin necesidad de examen

El proceso de estabilización otorgará en propiedad casi 4.700 puestos del Servicio de Salud (Sespa), de ellos 1.400 con prueba y méritos

Profesionales sanitarios en la UCI del hospital David Zorrakino - Europa Press

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) prevé hacer fijos, de aquí a finales de 2024, a casi 4.700 trabajadores interinos de larga duración. De ellos, aproximadamente un 70 por ciento (unos 3.300) accederán a una plaza en propiedad mediante un concurso de méritos, sin pasar por un examen. Se trata, en su mayoría, de profesionales que puedan acreditar cinco años en régimen de interinidad (desde antes del 1 de enero de 2016). Y el 30 por ciento restante (en torno a 1.400) por concurso-oposición, es decir, en un proceso selectivo que combina examen y méritos, y que por lo general exigirá tres años de interinidad.

Estos son los datos correspondientes al ámbito sanitario regional que se manejan para llevar adelante el cumplimiento de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El objetivo se centra en consolidar y estabilizar plazas cubiertas por personal interino desde hace más de tres y de cinco años.

En rigor, advierten fuentes de la Administración consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, “van a estabilizarse las plazas, no las personas”. Esto significa que “nadie puede tener la seguridad absoluta” de que va a obtener en propiedad la plaza que ya ocupa de manera interina por mucha antigüedad que acredite. Sobre el papel, siempre será posible que, por ejemplo, se presente a concursar otra persona de más antigüedad de otra comunidad autónoma. La mayor o menos proliferación de este tipo de situaciones dependerá, en parte, de los mecanismos de coordinación que establezcan las comunidades.

Antes que finalice este mes de mayo, el Sespa deberá hacer oficial la oferta pública de empleo que se deriva de esta norma de ámbito nacional, aprobada a finales del año pasado. Lo que con ella pretende el Gobierno central es reducir la tasa de temporalidad en el empleo público de todo el país, al considerar que la elevada interinidad “compromete la adecuada prestación de los servicios públicos”. El compromiso que ha de cumplir la Administración regional habla de convocar todos los procesos selectivos antes de que concluya este año 2022. Y de que las pruebas y todos los procedimientos estén ejecutados el 31 de diciembre de 2024.

En el caso de la sanidad asturiana, y hablando en cifras redondas, el Sespa tiene en la actualidad una plantilla orgánica de unos 16.000 trabajadores. A ellos, hay que sumarles en torno a 2.000 empleados eventuales. Y, a estos, otros 2.000 trabajadores incorporados para tareas relacionadas con la pandemia de covid-19. La tasa de interinidad de la plantilla orgánica en el momento actual ronda el 20 por ciento, con abultadas desigualdades entre unas categorías y otras. Se estima que, cuando a finales de 2024 haya culminado el proceso de estabilización, la interinidad ronde la franja del 8 por ciento. Una de las condiciones que impone la ley es que su aplicación no implique incremento del gasto público, sino que se dé estabilidad a las plazas ya creadas y ocupadas.

En el conjunto de la Administración del Principado, las diversas consejerías tienen previsto estabilizar a 7.546 empleados, según consta en la documentación que la Dirección General de Función Pública ha remitido a los sindicatos que forman parte de la Mesa General. La gran mayoría corresponden a sanidad, 4.697, mientras que 1.915 son de la Administración general (consejerías) y los 934 restantes del sector de educación.

En el espacio de la sanidad, resulta razonable comparar este proceso de estabilización con el llevado a cabo por el Insalud, a finales de 2001, justo antes del traspaso de las competencias sanitarias. Sin embargo, las autoridades apuntan una diferencia: en aquella ocasión, todo el procedimiento dependía de una sola entidad, el Insalud, y eso simplificaba las cosas.

En esta ocasión, cada Gobierno autonómico organiza sus procedimientos selectivos y cabe la aplicación de criterios distintos. Por eso se impone la necesidad de algunos acuerdos básicos entre las 17 comunidades autónomas. Por ejemplo, para evitar que un mismo candidato concurse en varias regiones y estabilice su situación en varias de ellas. Si hubiera exámenes, esta coyuntura se evitaría fijándolos todos el mismo día, pero en buena parte de estos procesos –como se ha señalado– no se requiere presencialidad alguna: solo se exige introducir los propios méritos en un programa informático.

Por otro lado, se están desarrollando conversaciones entre las administraciones y los sindicatos que conciernen a los aspectos de la ley sujetos a interpretación o a negociación. En el caso de la sanidad asturiana, algunas organizaciones sindicales se inclinan por un mayor volumen de plazas adjudicadas exclusivamente por méritos, mientras que otros apuestan por cargar la mano en las que se dirimen con un examen de por medio. Por lo general, las posturas de unos y de otros están condicionadas por los intereses mayoritarios en su nómina de afiliados. A los interinos más jóvenes, con menos años de servicios prestados, les interesa más un procedimiento en el que la antigüedad no tenga demasiado peso.

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