El día que se inició el juicio del "caso Marea", en abril de 2016, la letrada del Principado presentó un prolijo informe en el que se detallaban compras de material y mobiliario en 87 centros educativos de la región en el periodo 2009-2010 por importe de unos 3,7 millones de euros que en realidad no habían sido servidos por las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA). La sección tercera de la Audiencia rechazó incorporar este informe a la causa por "extemporáneo", ya que debería haberse entregado en fase de instrucción o durante la fase intermedia. La investigación de estas compras no se inició hasta 2015, un año antes del juicio por un caso que se comenzó a instruir en el año 2010. La Fiscalía no lo dejó pasar y presentó una denuncia.
Ahora, seis años después, la magistrada María Luisa Llaneza, titular del Juzgado número 4 de Oviedo, acaba de dictar un auto de procesamiento por este agujero en las arcas del Principado contra cuatro de los ya condenados en el "caso Marea": el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la exdirectora general María Jesús Otero (ambos excarcelados por razones de salud) y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (APSA), los dos en prisión en la cárcel de Asturias. Las defensas recurrirán casi con toda probabilidad este auto de procesamiento, al considerar que no existe tal agujero, y que el material se sirvió a los centros educativos. Por otro lado, consideran que estos hechos ya se juzgaron en el juicio anterior, por lo que no cabe volver a juzgar a los procesados por lo mismo. En cualquier caso, a efectos penológicos, en caso de que se produjera una nueva condena no tendría mayores efectos en los ya condenados, al aplicarse la doctrina del Supremo de compensación de penas, según indica el letrado de Muñiz, Miguel Valdés-Hevia.
La magistrada ha impuesto una fianza solidaria de cinco millones de euros para Riopedre (condenado en su día cinco años y dos meses de cárcel) y Otero, que cumple fuera de la cárcel la misma pena. Para Víctor Muñiz, Llaneza impone una fianza de 700.000 euros, 4,3 millones en el caso de Alfonso Carlos Sánchez. Deben depositar este dinero para cubrir las responsabilidades económicas y las cantidades defraudadas en el plazo de un día, pero los recursos de las defensas detendrán el plazo. Los que están excarcelados deben presentarse en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, con el fin de garantizar que no se fugarán.
Tras tomar declaración a los directores de 87 centros educativos, se llega a la conclusión de que no se sirvió el material de 125 expedientes por los que se pagó 3,2 millones a APSA y otro medio millón a Igrafo. Por ello se procesa a los cuatro por delitos continuados de falsedad y malversación. A Riopedre y Otero, se les añade el delito de prevaricación, y a Otero, Sánchez y Muñiz el continuado de cohecho. Para la magistrada instructora, Riopedre y Otero actuaron concertadamente para adjudicar ingentes pedidos de material. Añade que Otero diseñó un plan, de acuerdo con Riopedre, para dar apariencia de legalidad a los contratos.
Este nuevo proceso llega doce años después de que se iniciase la investigación del caso Marea, después de que una gijonesa denunciase que alguien que resultó ser la funcionaria Marta Renedo había abierto una cuenta a su nombre. En ella ingresaba Renedo el dinero que desviaba del Principado.
