Exigen que el empleado del Materno Infantil de Oviedo condenado por pornografía infantil no pueda trabajar con ancianos y discapacitados

Guardaba en su ordenador del Centro Materno Infantil de Oviedo diversos archivos de pornografía infantil, un delito por el que fue condenado el pasado mes de octubre a una pena de nueve meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para trabajar o relacionarse con menores, más tres años de libertad vigilada. Sin embargo, este trabajador continúa en una bolsa de trabajo del Principado, que le permite entrar a trabajar en centros para ancianos y discapacitados. De hecho lo hizo en la residencia Mixta de Gijón y unos días en el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos, en el mismo municipio, tras lo que pidió la baja, ante el mal ambiente que había entre los trabajadores.

El hecho de que haya seguido trabajando en centros de dependientes ha causado tanta indignación que, en la mañana de este viernes, los trabajadores del Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos de Cabueñes, de la residencia Mixta y del geriátrico Santa Teresa de Oviedo han hecho llegar por Registro unas ochenta firmas a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a la Gerencia del Organismo Autónomo ERA y a la Dirección General de la Función Pública solicitando que se expulse y se inhabilite para trabajar como empleado público al trabajador, que pertenece en este momento a la bolsa de la Categoría de Operario de Servicios, aunque podría optar a un puesto de auxiliar de Enfermería.

En el documento se manifiesta el rechazo y la repulsa de los trabajadores de dichos centros a trabajar junto a esta persona condenada el pasado 28 de octubre de 2022. "No queremos trabajar con pederastas, ni vamos a poner en riesgo la integridad de ningún residente. Los ámbitos en los que aún puede trabajar (Tercera Edad y Discapacidad) son colectivos igual de vulnerables que la infancia y, por tanto, instamos tanto a la Consejería, como a la Gerencia del ERA y a la Dirección General de Función Pública, a que se le expulse y se le inhabilite", indican los trabajadores en una nota. "Todos tenemos hijos, y no sabemos qué tipo de parafilia sufre, y si podría hacer lo mismo con ancianos o discapacitados", indicó una representante de los trabajadores, que planteará este asunto ante el Comité de Empresa del ERA. "Cuando la justicia falla y nos desampara, debemos protegernos entre nosotros", añaden los mismos trabajadores.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar indicó que "todo el personal que presta servicios en los centros de la consejería está legalmente capacitado y no imposibilitado para el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, sobre ellos no opera ninguna de las situaciones previstas en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia". Añade que "es derecho de toda persona y todo trabajador el reconocimiento y protección de su dignidad e integridad personal. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales recoge expresamente nuestro deber de confidencialidad".