"Alguien tendría que cortar los insultos a los jueces, ellos solo aplican las leyes"

El magistrado jubilado de la sala 1ª del Tribunal Supremo José Antonio Seijas Quintana vive entre Madrid y Asturias, la región en la que desarrolló el grueso de su carrera, primero como juez de primera instancia e instrucción y luego como presidente de la Audiencia Provincial durante 13 años. Nacido en Zaragoza en 1946, lleva jubilado cuatro años, pero eso no impide que se le reclame desde diferentes foros para aprovechar el caudal de sabiduría que brindan 45 años de trayectoria profesional. Esta semana participó en el III Congreso de Derecho Familiar, una vertiente a la que siempre ha estado vinculado, como prueba el hecho de haber fundado la Plataforma Familia y Derecho. Su presencia no dejó indiferente. La sentencia que hace perder a un progenitor custodio el uso de la vivienda familiar en caso de que pase a vivir con una nueva pareja, que fue toda una conmoción, lleva su firma, pero entre los profesionales del derecho familiar no hay unanimidad. Últimamente, Seijas está muy sorprendido con los insultos que se están prodigando a los jueces, y cree que "alguien los debería cortar", porque los jueces "solo aplicamos e interpretamos las leyes"

–La sentencia del 20 de noviembre de 2018 todavía causa cierta polémica.

–Otros han dicho que es revolucionaria. Yo creo que era una solución que, con la ley en la mano, se podía dar. El juez no es un prestidigitador que se saca un as de la manga y se saca una sentencia. El juez interpreta. Nosotros, porque la sentencia fue fruto del Pleno, aunque yo fuese ponente, interpretamos el artículo 96 del Código Civil, referido al uso de la vivienda, y fruto de ello tomamos una decisión por unanimidad. Pero por lo que veo, sigue siendo polémica cuatro años después.

–¿Por qué el progenitor custodio, que suele ser la mujer, pierde el derecho de uso de la vivienda si entra a vivir ahí su nueva pareja?

–Es que en ese momento desaparece el concepto de vivienda familiar. Al entrar otra pareja, hay otra familia. Lo que no se plantean los contrarios a la sentencia es qué pasa si esa nueva pareja tiene un niño, y se juntan dos o más menores que no son hijos comunes del matrimonio que vive ahí. La nueva reforma del artículo 96 del Código Civil dice que, para asignar el uso de la vivienda familiar, tiene que tratarse de hijos comunes menores de edad. Eso se puede interpretarse de forma que pueden estar dos o tres hijos fruto de diferentes realidades familiares.

–Este de la vivienda familiar es un tema clave cuando se produce un divorcio.

–Y además, el legislador no le ha dado la suficiente importancia. Genera muchos conflictos, porque la vivienda es el elemento principal en los divorcios, sobre todo en las economías medias. Los que tienen muchos recursos, pueden tener cuatro o cinco viviendas y no hay problemas. El legislador podría haber hecho un acercamiento a algunas legislaciones autonómicas, que lo tienen mejor resuelto que nosotros, pero no lo ha hecho y por eso hay tanta discusión.

–En materia civil, ¿qué cree que debería legislarse?

–Ahora, la familia, la responsabilidad civil y el consumo son los asuntos que priman en las resoluciones de los tribunales civiles. Creo que el consumo debería ser objeto de una regulación. Llevar los elementos fundamentales y sustantivos al Código Civil y dejar los administrativos a una ley distinta. Armonizar todo eso porque puede haber soluciones contrarias en una ley u otra. Y sobre todo, lo que hace falta es dar seguridad jurídica al sistema, que no existe. Hay que ser respetuoso con las resoluciones del Tribunal Supremo, ser respetuosos con la ley y tratar de que cada uno no diga blanco, negro y azul. Para armonizar eso está Tribunal Supremo.

–¿Se legisla demasiado?

–Se está legislando con mucha precipitación y luego no se da respuesta a problemas que los juristas estamos viendo y que no están en absoluto resueltos. Por ejemplo, no se ha regulado cómo debe atribuirse la vivienda familiar cuando hay una guarda y custodia compartida.

–Vaya la que está cayendo en el mundo judicial...

–Y tanto. Yo lo veo muy mal. Sufro mucho con esto. He sido miembro de la carrera judicial durante muchísimos años y hay cosas que veo que no puedo aceptar. Que se hable de bloques progresistas y conservadores, es una cosa que no entiendo. El juez tiene que ser un juez y luego aplicar la ley e interpretarla con su sensibilidad, pero sin tacha de pertenecer a uno u otro bloque. Luego están los insultos que se están produciendo, eso de "jueces machistas", "fachas con toga", que los jueces hemos propiciado golpes de estado con el Código... no lo sé, no lo entiendo.

–¿Se está yendo demasiado lejos con esos insultos?

–Pues posiblemente alguien lo tendría que cortar. Tiene que haber un respeto institucional, porque se empieza así y no se sabe cómo puede terminar.

–¿Deberían ser los jueces quienes eligiesen el Poder Judicial?

–Inicialmente los votaban los jueces, a mí me tocó eso. Luego cambió el sistema el Congreso y lo defendió en Tribunal Constitucional. Lo que nunca se puede abandonar, porque lo manda la Constitución, es que haya jueces en el Consejo elegidos por los propios jueces, y el resto por el Congreso y el Senado.

–¿Y no sería posible que no se eligiese para el Constitucional a personas de tan marcada filiación política como exministros o antiguos fiscales generales del Estado?

–Esa situación se da también en otros países. En Francia, por ejemplo, hay una institución similar al Constitucional en la que está por ejemplo un expresidente de la República. Lo que pasa es que en Francia hay una cultura de respeto a esa institución, no digo nada en Estados Unidos, donde son nombrados por el presidente. En España no existe esa cultura de respeto y va a ser difícil que la haya, porque vamos a llegar al choque. Y no debería ser así, porque el magistrado tiene que decir: yo estoy aquí, soy independiente, independientemente de quien le haya nombrado. Ahora se ha elegido nuevo presidente y nuevos miembros del Constitucional y tendremos que dejarles trabajar y darles un margen de confianza.

–¿Qué le parecen las últimas reformas penales, la eliminación de la sedición y las modificaciones de la malversación?

–El legislador puede hacer con la mayoría que tiene lo que considere oportuno, siempre que sea constitucional. El límite del legislador es la Constitución, y para interpretarlo está el Constitucional. Y cuidado, no confundamos el Tribunal Constitucional con los tribunales jurisdiccionales, porque tienen atribuciones distintas. Las funciones son distintas. En el Tribunal Supremo no creo que haya problemas de bloques.

–¿Hay que rehacer el mapa judicial asturiano?

–Están preparando una reforma, en trámite parlamentario. Habría que organizarlo de una forma distinta, darle más agilidad. Puede ser una buena reforma, si se hace bien. Ahora no hay distancias y se va a suprimir algún Juzgado. En esa ley también va la especialización en el tema de familia. Se evitarían muchos de los problemas actuales, con gente que conozca, con equipos profesionales. Hay pocos equipos psicosociales, un problema general en toda España. Son informes que no se hacen en dos días y ralentiza. Habría que pedir que los informes se pronunciasen en el tiempo adecuado y que no se retrasasen tanto.

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