El Principado amplía en 10 millones la partida para personal de las residencias de mayores, pero no pagará el plus de peligrosidad

Las cuentas autonómicas destinarán 100 millones a los ayuntamientos para financiar servicios sociales y 46,3 millones a la atención de las personas con discapacidad

La consejera Melania Álvarez, con Casilda Sabín.

La consejera Melania Álvarez, con Casilda Sabín. / David Cabo

La consejería de Derechos Sociales ampliará en 10 millones de euros la partida destinada a los recursos humanos de las residencias públicas de mayores del Principado (ERA), ya que pasará de 79 a 89 millones en 2024, pero no pagará el plus de peligrosidad que reclama la plantilla, según confirmó esta mañana la consejera, Melania Álvarez en la presentación del proyecto presupuestario de su departamento. La consejería de Derechos Sociales manejará el próximo año un presupuesto global de casi 545 millones de euros, un 9 por ciento más que en 2023 para un ejercicio en el que, además, deja de tener las competencias en materia de Vivienda, que ahora ya dependen de la consejería de Ordenación del Territorio.

El objetivo “detrás de tanto número”, ha destacado la consejera Melania Álvarez, “es mejorar y avanzar en la atención a las personas y en la calidad de la prestación”. El incremento de la partida de personal para las residencias de mayores se distribuirá entre “la consolidación del aumento de plantilla, con la figura de fijos periódicos discontinuos para cubrir las ausencias y las vacaciones mediante la incorporación de 500 efectivos y que se traduce a la hora de elaborar las carteleras en el incremento de mínimos" y, también, en "la consolidación del complemento vinculado a la nueva estrategia de atención”, según precisó la Consejera. Melania Álvarez dejó claro, por otra parte, el rechazo a abonar el plus de peligrosidad que reivindica la plantilla del ERA. El incremento de la partida para recursos humanos del ERA demuestra, a juicio de Consejera, “el compromiso de este Gobierno con la plantilla, los números hablan por sí solos. Pero no se pueden enmascarar reivindicaciones que tienen que ver con un incremento salarial, con cuestiones que criminalizan o estigmatizan a las personas que viven en residencias o a sus familias. Eso no es tolerable”, sostuvo Melania Álvarez.

Las cuentas del próximo ejercicio, por otra parte, destinan 46,3 millones a la atención y el cuidado de las personas con discapacidad, una partida que crece en cerca del 10 por ciento. La mayor parte, algo más de 37 millones, irán a financiar as 1.400 plazas en los centros de apoyo a la integración y la atención residencial. La consejería de Derechos Sociales contará con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que permitirán financiar, por ejemplo, iniciativas destinadas al apoyo y fomento de la vida autónoma de personas con discapacidad como son la Oficina de Vida Autónoma y Participativa, que gestiona en Oviedo la entidad social Plena Inclusión, o las que dependen de COCEMFE y PREDIF. Estos tres proyectos contarán con 225.000 euros.

Otras cifras que ha destacado la consejera de Derechos Sociales son los 100 millones que irán a los ayuntamientos asturianos, en los que están incluidos los 32 millones del plan concertado de prestaciones básicas y dos novedades: por primera vez el Principado habilita una partida de 4 millones de euros para combatir la soledad no deseada y se pone en marcha una financiación plurianual a cuatro años que evitará retrasos en los pagos a las entidades que trabajan en este ámbito. “Se simplificará la gestión y justificación del gasto”, aseguran desde el Principado. La partida para el Salario Social vuelve a bajar, como ha sucedido desde la implantación por parte del Gobierno central del Ingreso Mínimo Vital (IMV), hasta los 52 millones de euros.  

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