Un despacho asturiano tumba las pruebas de acceso a la Policía Local en Castilla y León

Un despacho de abogados ovetense ha logrado tumbar las pruebas de acceso a la Policía Local en 36 ayuntamientos de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la semana pasada las resoluciones del Tribunal Calificador por una alteración de las bases de la convocatoria cuando ya estaba en marcha el proceso selectivo y se había publicado la lista de los aspirantes que accedían a las plazas, un total de 182.

Cuando se publicó la lista, 44 aspirantes declarados no aptos recurrieron, alegando que se había filtrado el test de las pruebas psicotécnicas, favoreciendo de este modo a varios candidatos. Tras este recurso, el Tribunal decidió entonces realizar una entrevista personal a dichos aspirantes, publicando después una nueva lista de plazas, diferente a la primera. Esa decisión estuvo avalada por la Junta de Castilla y León.

Es en ese momento cuando el despacho ovetense Legal Principado, gestionado por Javier Estrada , Alejandro Álvarez-Buylla y Pablo Mori, entró de lleno en el caso e interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la resolución dictada por la Junta de Castilla y León, en noviembre de 2022, representando los intereses de los afectados.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó la sentencia, anulando el proceso por ir en contra de "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la función pública". La consecuencia es que se debe retrotraer el proceso al momento inmediatamente anterior al que se produjo la infracción, recobrando validez la lista inicial de aspirantes declarados aptos.

El despacho ovetense llevó la dirección letrada en los recursos de cinco de los afectados por este proceso que ha sido declarado irregular. Los mismos llevaban año y medio viviendo en una gran incertidumbre laboral y personal, al no saber qué pasaría con su plaza de Policía Local. El caso, con la intervención del citado despacho asturiano, Legal Principado, ha tenido mucha trascendencia en Castilla y León. La Junta tiene ahora 30 días para recurrir al Tribunal Supremo, si así lo considera.