José García Fernández se curtió como carpintero, si bien siempre tuvo claro que lo suyo no era el martillo sino la Constitución. Una lesión de espalda cuando tan solo tenía 34 años le cerró la puerta de su primera profesión, pero le abrió la ventana a la que siempre había sido su gran pasión, las leyes. El avilesino se puso a hincar los codos, estudió Derecho becado por la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y se colegió en noviembre de 2011, ya a las puertas de los 50 años. Los expedientes no tardaron en llegar al despacho que puso en marcha con su hija Diana, en la calle Marcos del Torniello, la misma de los juzgados. Ambos, mano a mano, acaban de ganar un caso relacionado con las participaciones preferentes en Valladolid, uno de los primeros procedimientos abiertos en esa provincia contra una conocida caja de ahorros castellano leonesa, según fuentes jurídicas.

García Fernández se muestra tajante cuando habla de las preferentes. «Son una estafa», sentencia. Dos de sus muchos clientes abrieron una cuenta con 25 pesetas en una sucursal vallisoletana de la caja de ahorros hace décadas, antes de partir hacia Suiza, país en el que residieron cuarenta años. A su regreso, con los ahorros que les quedaron tras la compra de un piso, acudieron a ese banco suyo de confianza, en el que según su representante legal un comercial les vendió «un producto nuevo». «Les hicieron un contrato del que creían era un plazo fijo y lo renovaron a los cinco años. Les habían dado un tríptico que no entendían, pero cada vez que acudían a su comercial de confianza para plantearles sus dudas les aseguraba que su dinero estaba garantizado», explica el letrado.

Tres años después, en 2011, llegó el momento de la segunda renovación. Para entonces el escándalo de las preferentes era ya un auténtico clamor en España. «En el banco les dijeron que aquel producto que habían comprado ya no generaba intereses. Y cuando quisieron sacar el dinero, les respondieron que no podían. Fue entonces cuando contactaron con nosotros a través de un conocido común», prosigue el abogado avilesino.

El juez a cargo del caso ha emitido recientemente una sentencia (no es firme y puede ser recurrida en segunda instancia) en la que declara nulo el contrato de participaciones preferentes porque había vicio en el consentimiento y ordena a la entidad que abone a la pareja 72.000 euros más los intereses legales generados desde el 5 de noviembre de 2004, cuando se firmó el contrato.

García Fernández, lector infatigable, tan pronto está en el juzgado, como midiendo una finca con un perito, como controlando la entrada y salida de vehículos de un aparcamiento de la ciudad. Desde hace años, mucho antes de colegiarse, trabaja en la vigilancia de un parking avilesino. Ahora, se pone el uniforme de la empresa de vigilancia las madrugadas de viernes y sábado mientras la toga cuelga en el armario perfectamente planchada para el resto de la semana.

A punto estuvo el ahora letrado de dirigir sus pasos por la judicatura en vez de por la abogacía. «Empecé a opositar para juez, pero entonces ya dejaban de sacar plazas. Mi preparador, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, me recomendó poner en un despacho para poder dejárselo a mi hija. Y aquí estamos, mano a mano, el primer año con 22 expedientes y el segundo con cerca de cuarenta», relata García. Ella asume los casos de Derecho Laboral, tributario y la materia civil relacionada con las comunidades de vecinos. Él aborda el resto de casos de Derecho Civil así como los penales y administrativos.

Los muchos que conocen a José García aplauden lo meritorio de una carrera tardía, pero que apunta fructífera y exitosa. Él, en cambio, no es amigo de que le echen flores, y menos en público. «Lo que hice yo puede hacerlo cualquiera. Tu céntrate en lo de las preferentes; eso es lo que importa», alecciona a quien le entrevista.