Las declaraciones ante la jueza Elena Fernández González de varios directivos de la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) han quedado suspendidas por el momento ante la ausencia de un letrado que tiene que venir de Madrid para ejercer la defensa de sus clientes. Estas citaciones habían sido ordenadas por la magistrada titular del Juzgado número 4 de Avilés que se encarga de desentrañar el accidente laboral más grave por intoxicación por metales producido en Europa en los últimos veinte años. Las otras citaciones dictadas el pasado 5 de diciembre se mantienen en las fechas que había prefijado la jueza.
Los imputados en el caso del mercurio son, por el momento: J. A. Z., director de la fábrica de Azsa en San Juan de Nieva y en el momento del suceso, Director de Operaciones Metalúrgicas de la compañía, y cuatro mandos más de la misma empresa: J. L. A., jefe del departamento de Tostación; J. M. R. V., responsable de prevención de Azsa; J. M. C., técnico de ese servicio y R. L. S. responsable del seguimiento de la obra en la que se produjo la intoxicación por metales pesados. Asimismo, la jueza del Número 4 de Avilés ha llamado a declarar como imputados al jefe de obras de la empresa Imsa: J. C. P. S. y cuatro técnicos más de la mutua Unipresalud: E. G. M.; Y. L. O.; D. C. C. y L. M. F.
El caso del accidente del mercurio se mantiene vivo en los tribunales porque media docena de los trabajadores intoxicados no accedieron a firmar el protocolo ofertado por la empresa Asturiana de Zinc para que estos retirasen sus demandas contra la compañía. Este acuerdo -firmado esta pasada primavera- supuso, entre otras cosas, el reconocimiento por parte de la compañía de la existencia del accidente laboral -cosa que no había hecho hasta entonces- y la renuncia al ejercicio de acciones legales contra Azsa por parte de los trabajadores firmantes del protocolo diseñado por el equipo jurídico de la fundidora.
