Los dos administradores de una constructora con sede en Corvera imputados por fraude fiscal defendieron ayer en el juicio que entre sus cometidos no se encontraba la contabilidad de la compañía, por lo que desconocían si se había producido alguna irregularidad en la declaración del IVA correspondiente a 2007. Ambos se sentaron en el banquillo del Juzgado de lo penal número 1 por eludir supuestamente ese año el pago de una cuota tributaria de 133.768,9 euros en concepto de IVA, un presunto delito contra la Hacienda Pública por la que afrontan dos años de cárcel. Los procesados no solo se declararon inocentes, sino que llegaron a pedir la nulidad del juicio alegando indefensión. La vista se celebró igualmente, las acusaciones mantuvieron sus acusaciones y el caso quedó visto para sentencia.

Tanto J. J. L-B. V. como R. S. P. reconocieron haber sido administradores en 2007 de una sociedad asentada en Corvera relacionada con el sector de la construcción. La compañía en cuestión llegó a a desarrollar una promoción urbanística en Cancienes. La Agencia Tributaria sostiene que esa firma eludió el pago de 133.768,9 euros en concepto de IVA en 2007 y las acusaciones responsabilizan a los dos procesados de esa ilegalidad.

La declaración de los dos investigados ante la jueza fue muy similar. Insistieron en que la contabilidad y la fiscalidad estaba en manos de una asesoría madrileña (ellos también son vecinos de Madrid) y llegaron a nombrar a un contable. Éste declaró por videoconferencia en el juicio como testigo y aseguró que se limitó a presentar la documentación que requirió la Agencia Tributaria cuando se inició la inspección.

"Todo eso lo llevaba una gestoría de Madrid, yo solo era el administrador de la sociedad (...), un accionista y acreedor, habíamos palmado casi dos millones", apuntó J. J. L-B. V. Este acusado apuntó en el juicio a la existencia de una factura que puede tener relación con el desfase en el IVA detectado por Hacienda, pero que supuestamente no pudo aportar durante la investigación porque no recibió notificaciones del juzgado. "Desde mayo de 2011 que declaré, no tuve más notificaciones hasta que me llamó un abogado de oficio. Yo ya tenía mi abogado en Madrid", protestó.

"Yo no tenía ni idea de la contabilidad de la compañía y no firmé absolutamente nada. No hice ningún pago porque no había dinero. Mi trabajo se limitaba a negociar créditos, hipotecas... No tenía ningún conocimiento de la situación fiscal de la empresa, confiaba en quien llevaba las cuentas", aseveró el segundo acusado, R. S. P. El abogado Andrés Bermúdez incidió en que su cliente no ha estado debidamente representado a lo largo del procedimiento. "Mi representado solicitó un abogado del turno de oficio el 4 de abril de 2013 y no se me nombra hasta 2017", aseveró.

"Se han producido muchas irregularidades durante la instrucción, mi cliente no ha podido defenderse", destacó el defensor de J. J. L-B. V., Luis Javier Carmón. Y pidió la absolución por dos motivos principales: "En las actas no están los documentos originales y no se puede comprobar dónde está ese IVA. Mi cliente era el administrador, no ha producido ninguna alteración de ese IVA soportado, y no puede responder por los actos de otros".

Las acusaciones, en cambio, concluyeron que "los hechos quedaron suficientemente acreditados y probados" y mantuvieron la petición de dos años de cárcel y el pago de una multa de multa de 133.768,9 euros. Sostienen que como administradores que eran son los responsables del presunto fraude fiscal.