El medio centenar de trabajadores intoxicados con mercurio hace cinco años en la fábrica de Asturiana de Zinc han solicitado una entrevista urgente con el Consejero de Sanidad, Francisco del Busto, al objeto de aclarar de una vez por todas las causas de la inexistencia desde 2015 del convenio que debería regular la atención sanitaria a prestar a los afectados por el metal pesado, todos con secuelas de mayor o menor gravedad. Y es que si el Consejero afirma que la falta de ese convenio es achacable a la mutua laboral que debería de haberlo renovado, desde la mutua en cuestión se sostiene justamente lo contrario: que fue Sanidad la que lo dejó morir. Así las cosas, los beneficiarios de ese convenio quieren que se convoque una reunión a tres bandas -Consejería, mutua y ellos mismos- para unificar posturas y, sobre todo, para que se renueve el convenio de marras.
El convenio regulador de la atención sanitaria a los intoxicados por mercurio en Azsa es una figura legal que se suele utilizar cuando, por las especiales características de un colectivo determinado de enfermos, las mutuas laborales no tienen capacidad para darles la cobertura médica necesaria. En virtud de ese tipo de convenios, las mutuas pagan a los servicios públicos de salud y éstos ponen sus medios a disposición de los enfermos.
La aspiración de los afectados por el mercurio es, además de ser parte de la negociación del futuro convenio, que se apruebe la inclusión de un toxicólogo en el organigrama médico que les atiende. Y esto porque entienden que hace falta un especialista cualificado para coordinar todos los tratamientos.
