El Ministerio de Industria, a través de la Abogacía del Estado, ha dado el paso adelante que los trabajadores de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña estaban esperando: personarse como causa perjudicada en el proceso penal abierto por los sindicatos en la Audiencia Nacional contra la multinacional Alcoa, el fondo de capital riesgo suizo Parter Capital Group y la entidad comercial que responde al nombre de Grupo Industrial Riesgo, una noticia adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El Gobierno de España ha obrado de esta manera, indicaron fuentes oficiales, con el fin de salvaguardar las “ayudas públicas concedidas por compensación de costes de emisiones indirectas de CO2”.
La decisión de la administración central –que no había querido anunciar el pasado 15 de abril, cuando los comités de Alu Ibérica (la antigua Alcoa) se habían presentado delante de la sede del Ministerio de Industria, en Madrid– ha conseguido el aplauso del sindicato Comisiones Obreras: “Alcoa y sus cómplices, además de intentar engañar a sus propios empleados, tenían una estrategia perfectamente concebida de antemano para hacer desaparecer el sector del aluminio en España, contraviniendo directamente los intereses generales del conjunto de la ciudadanía”. Así que, continúa la central, se hace “necesario que para proteger la continuidad de esa actividad y del empleo vinculado a ella se soliciten, también desde la administración y una vez que ya es parte personada, la aplicación de medidas cautelares, como ya ha hecho CC OO y el resto de organizaciones sindicales, destinadas a conseguir que las dos plantas pasen a estar bajo la tutela judicial antes de que pueda consumarse el expolio que se está cometiendo”. Esto es, la judicialización de la gestión de las plantas.
Lo que la Audiencia Nacional está investigando –a instancias de los cinco sindicatos representados en los dos comités de empresa– es si las empresas Alcoa, Parter y Riesgo y sus correspondientes filiales (una treintena) cometieron algún delito cuando acordaron la compraventa de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña. Concretamente, la magistrada María Tardón, que es la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, persigue conocer si las entidades investigadas o sus gestores cometieron una presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas, es decir, si acordaron desmontarlas.
Fruto de esta investigación, la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo –siguiendo las órdenes de la jueza Tardón– tomaron las fábricas y otros domicilios sociales de empresas vinculadas a las tres sociedades el pasado 4 de marzo. Detuvieron a Víctor Rubén Domenech (que también responde al nombre de David Domenech), a Alexandra Camacho, a Luis Losada Gómez y a Diego Peris Sirvent. Todos ellos están acusados de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal. No hubo detenciones, sin embargo, de personas relacionadas con la empresas vendedora en primera instancia (Alcoa), ni del primer comprador de la fábrica (Parter Capital).
El proceso judicial al que se ha sumado ahora el Ministerio de Industria lo abrieron los sindicatos con el fin de salvar el sector del aluminio y, consecuentemente, sus trabajos dado que los movimientos llevados a cabo por las tres sociedades implicadas (y su entramado de empresas filiales) sembraron sospechas (ausencia de producción, impagos de nóminas, a proveedores, incumplimientos del convenio, pleitos sociales, expedientes disciplinarios, despidos a representantes sindicales) entre los trabajadores.
La vía penal a la que se ha sumado el Gobierno de España es sólo uno de los frentes judiciales abiertos por los trabajadores contra la operación de compraventa de las instalaciones. El próximo 20 de mayo está señalada la vista de lo social también en Madrid, en la Audiencia Nacional. En este caso, los trabajadores acusan a Alcoa, a Parter y al Grupo Riesgo de no haber respetado el acuerdo de enero de 2019. Esta vista se retrasó en febrero porque dos de las empresas pantalla de la entidad comercial Riesgo no habían recibido la correspondiente citación y reclamaron tiempo para estudiar la querella.
