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Industria, Asturias y Galicia activan un grupo de trabajo para comprar Alu Ibérica

Los ayuntamientos de Avilés y de Gozón aplauden el nombramiento del administrador judicial “aunque llegue en el tiempo de descuento”

Reyes Maroto señala a Juan Carlos López Corbacho, ayer, durante la reunión en la Delegación de Gobierno en Galicia.

Los trabajadores de Alu Ibérica (antigua Alcoa) en la planta de La Coruña respiraron ayer esperanzados a la salida de la Delegación del Gobierno de Galicia, tras reunirse con la ministra de Industria, Reyes Maroto, junto al Conselleiro de Economía, Francisco Conde, y la alcaldesa de la capital gallega, Inés Rey. La ministra escuchó la exigencia de la plantilla de abrir un nuevo escenario industrial para salir del caos en el que están sumidas la fábricas de aluminio de Galicia y Asturias –la próxima semana tomará el control un administrador judicial ante los indicios de descapitalización por parte de Grupo Riesgo– y recogió el guante prometiendo un grupo de trabajo para generar un nuevo proyecto con otro comprador. En él parciparán representantes del Gobierno, de la autonomías y de los trabajadores. Las reuniones comenzarán el miércoles, según informó ayer el comité de empresa.

Maroto admitió ayer que la venta realizada hace dos años de Alcoa a Parter (que a su vez revendió Alu Ibérica a Grupo Riego el año pasado) en un proceso supervisado por el Gobierno fue “nefasta” para los trabajadores. Por eso, ahora toma las riendas en la búsqueda de “alternativas industriales” para las plantas, a la vez que aseguró que el Ejecutivo exigirá “responsabilidades” a Alcoa por su “expolio” y “la venta a un inversor no solvente”, como ha constatado la Audiencia Nacional, que instruye la causa penal por supuesta estafa en la venta.

“Tenemos que demostrar que hay un proyecto industrial, trabajando también con el administrador judicial para conocer cuál es la situación de la planta desde el punto de vista de la solvencia”, detalló Reyes Maroto, que se mostró confiada en “ser parte” del futuro y garantizar “las capacidades industriales”.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, se comprometió ayer a estar “muy atenta” a los pasos dados por el Ministerio de Industria al respecto de encontrar “una alternativa viable” a la de la entidad comercial Grupo Riesgo. Monteserín destacó que la nueva alternativa debe tener “más solvencia que la que se ha visto hasta ahora”. Por su parte, Jorge Suárez, el alcalde de Gozón –concejo en el que se ubica la fábrica de San Balandrán– calificó el nombramiento del administrador judicial como “un soplo de esperanza, aunque llega en el tiempo de descuento”.

El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Galicia, Juan Carlos López Corbacho, aplaudió el ofrecimiento de la ministra a que el futuro proyecto industrial que salve la crisis del aluminio acceda a ayudas del Ministerio de Industria y que también pueda optar a fondos europeos para generar una alternativa “potente y de futuro para la planta”. Por otro lado, remarcó que el futuro debe pasar por recuperar la producción de aluminio primario, parada desde hace dos años y medio.

Maroto puntalizó que el grupo de trabajo se reunirá cuando sea necesario, ya que “el proceso del administrador judicial tiene sus plazos” y a medida que cada equipo avance se reunirá para compartir sus “avances” y seguir trabajando “por ese futuro”.

Por su parte, el conselleiro se mostró colaborativo: “El Gobierno sabe que va a contar con toda la colaboración de la Xunta”.

La socia de David Domenech, investigada por la Audiencia Nacional, pide la baja en Avilés

Alexandra Camacho Carrascal, socia de David Domenech en la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo y, en consecuencia, en las fábricas de aluminio intervenidas de Alu Ibérica (antigua Alcoa), ha pedido la baja voluntaria de la nómina de la planta de Avilés. Y es que Camacho Carrascal, que fue una de las cuatro detenidas este pasado mes de marzo en la operación policial que llevó a cabo el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional, fue contratada por su propia empresa esta pasada primavera con un sueldo de 47.000 euros brutos. Camacho ha firmado comunicados bien como directora ejecutiva, bien como directora financiera (esto último, desde la entrada de los investigados en las plantas de producción). Los interventores que envió la Audiencia Nacional pusieron en duda la relevancia de su nómina en tanto en cuanto las actividades que decía realizar por las fábricas. Su cese estará acompañado de un finiquito.

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