La madre del cordero de la madeja que está desentrañando la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, es dónde están los 13 millones de euros que Grupo Riesgo entregó a Parter Capital Group a cuenta de la venta del 74,6 por ciento de las participaciones de las dos fábricas de aluminio que vendió la multinacional Alcoa a la propia Parter en julio de 2019.
Ramón Juega, el administrador judicial de las fábricas (lo es desde el 9 de agosto), ha perseguido en un reciente informe (de la semana pasada) los apuntes de las cuentas bancarias de las fábricas. Remarca algo que ya estaba en la sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional: que Alcoa avaló a Parter en julio de 2019 negociando con un gran banco dos pólizas crediticias por valor, precisamente, de 13 millones.
Este dinero es el que la multinacional había reclamado al fondo suizo para acceder a la venta de las fábricas. Según fuentes consultadas, este dinero tenía que ser “capital inmovilizado”. Sucede, sin embargo, que ese dinero se movió tanto como para que el banco ahora reclame la prenda que había dejado Alcoa cuando dispuso las pólizas.
Los 13 millones vuelven a salir en el informe de Juega cuando explica los movimientos que se efectuaron para que la empresa System Capital Management (ahora Iberian Green Aluminum Company) se hiciera con las fábricas hace un año. Dice Juega que los fondos con los que se abonó el precio de compra salieron de dos cuentas tituladas por “las sociedades titulares de los centros de producción”.
O sea, Parter no tenía el dinero que Alcoa le reclamaba para certificar su solvencia, esa solvencia la garantizó Alcoa. Cuando se produjo la reventa (8 de abril de 2020), Riesgo echó mano de la figura de la “asistencia financiera” (comprar con el dinero de la empresa que acaba de comprar), según admitió este verano, porque Parter tenía prisa para celebrar la venta.
Y entre una cosa y otra se movieron 13 millones que es la cantidad que la Audiencia Nacional reclama a los dueños de Alu Ibérica para pagar las nóminas a los trabajadores (los dueños quieren que sea Alcoa la que se encargue de pagar, la multinacional, tal y como informó este periódico, pero la multinacional rechaza tal pretensión).
En paralelo a este punto, Alcoa sigue defendiendo la operación de venta de sus fábricas que devinieron en la crisis del aluminio que va camino de cumplir tres años. En el recurso de casación presentado ante el Supremo señala la defensa: “O se vendía a Parter o la venta no era posible por falta de candidatos”. Y es que, sostiene, “es falsa la afirmación de que se descartaron otros grupos industriales que podrían ser competidores, ya que, como queda acreditado, no se postularon ni tan siquiera en las fases finales del proceso de venta”.
Lo cierto es que hubo un “cásting” que dirigió la propia Alcoa que fue descartando los candidatos que, según un criterio desconocido por la parte social presente en la negociación, no eran convincentes. Lo que dice el recurso es que las ofertas presentadas (una del propio Grupo Riesgo) “no eran vinculantes”. La de Parter, a pesar de la necesidad de las pólizas crediticias señaladas en la sentencia y subrayadas por Juega en su informe del otro día, en cambio, sí que lo era.
Los trabajadores de Avilés marcharon a Madrid caminando, precisamente, para reclamar “auditorías independientes” sobre los candidatos más viables. Sobre esta medida Alcoa insiste en su claridad de movimiengtos: con el aval del Gobierno de España y de las autonomías.
