La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Todos los extrabajadores de Alcoa se suman al acuerdo de las indemnizaciones

Las federaciones sindicales y las representaciones legales de la multinacional y de las concursales acuerdan la retirada de las denuncias

Los trabajadores de Alu Ibérica, reunidos en asamblea con la fábrica de aluminio al fondo. Ricardo Solís

Todos los extrabajadores de las fábricas alumineras de Avilés y de La Coruña ya se han inscrito en la plataforma dispuesta por la multinacional Alcoa para proceder a activar el acuerdo entre las dos partes según el cual la plantilla retirará los pleitos que tiene contra la dirección ejecutiva de la empresa norteamericana y la propia empresa a cambio de que esta comience a pagar sus indemnizaciones, es decir, las cantidades a las que se había comprometido cuando en enero de 2019 aceptó poner a la venta las fábricas a un inversor “serio, solvente y riguroso” y, si no, a abonar a sus plantillas sesenta días por año trabajado más 10.000 euros de manera lineal.

Que todos los extrabajadores se hayan registrado en tiempo y forma significa que el acuerdo pasa a la segunda fase: la que tienen que protagonizar las federaciones estatales de los sindicatos porque son ellas las que han promovido por sí mismas las dos vías judiciales que han afectado de manera subrayada a la multinacional: la social, por un lado, y la penal, por otra. La primera ya se ha tomado forma de sentencia (Alcoa fue condenada a pagar a sus extrabajadores las cantidades señaladas en enero de 2019 por haber vendido a un grupo ni serio, ni solvente, ni riguroso), aunque se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo. La otra vía está en período de investigación y supone que la Audiencia Nacional, en el caso de descapitalización fraudulenta de las fábricas, haya ordenado la imputación de Álvaro Dorado, presidente de Alcoa España, y de Christine Keener, su exadministradora única. Además, según fuentes consultadas, era factible que estas dos imputaciones no se hubieran quedado solas.

El cierre de la crisis del aluminio se demoró cerca de diez días como consecuencia de la amenaza llevada a cabo por un despacho de abogados coruñés contra los representantes de los extrabajadores: quería que el acuerdo con Alcoa incluyera a 16 excluidos por la propia multinacional por considerar que no pertenecían a la empresa por haber causado baja voluntaria o haber pedido la excedencia.  

Compartir el artículo

stats