Arrestan en Alemania al hombre del fondo inversor que firmó la compra de Alcoa

Rüdiger Terhorst, el director de Parter Capital, la sociedad que adquirió la aluminera, acusa a su antiguo socio de haberse quedado con los 13 millones que abonó Grupo Riesgo

Una de las líneas de cubas electrolíticas de la antigua fábrica de aluminio de Alcoa.

Una de las líneas de cubas electrolíticas de la antigua fábrica de aluminio de Alcoa. / Mara Villamuza

Saúl Fernández / Efe

Joachim Magin está detenido: desde el 27 de enero, aunque ha sido ahora cuando ha trascendido su arresto. Este ciudadano alemán tenía sobre sí una orden europea de busca y captura dictada por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, que lo reclama como protagonista del caso de presunta descapitalización fraudulenta de las antiguas fábricas de Alcoa en Avilés y La Coruña.

Y es que en julio de 2019 Magin fue quien rubricó el acuerdo de compraventa de las fábricas –por un euro– en nombre y representación de la sociedad Blue Motion Technologies Holding Ag, el vehículo creado por Parter Capital Group, el fondo financiero germanosuizo dirigido por Rüdiger Terhost, que este pasado viernes pasó a declarar por la Audiencia Nacional después de meses también perdido para la instrucción del caso de vacío planificado de las dos alumineras.

La importancia de Magin en la trama que ha llevado al paro a medio millar de trabajadores del aluminio es radical. Selló la compra y también selló la venta –en abril de 2020– de las dos fábricas. En este último caso, con el investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech, que actuó como representante de un ficticio Grupo Industrial Riesgo que se presentó, en aquellas primeras semanas del confinamiento, ante los representantes sindicales por medio de una videoconferencia. En este caso, la operación multiplicó por 13 millones de euros el coste de la adquisición de las plantas de aluminio primario.

Esto –el origen de los 13 millones de euros– es lo que la magistrada instructora –María Tardón– está tratando de dilucidar. Sobre esta circunstancia Terhorst fue interrogado por la jueza este pasado viernes. Según la agencia Efe, el director de Parter Capital negó ante la jueza que la venta de las plantas a Domenech estuviera decidida desde el comienzo, y explicó que no comprobaron la solvencia de Grupo Industrial Riesgo –la entidad comercial bajo cuyo amparo operaba Domenech y su socia Alexandra Camacho–. Cuando le preguntaron sobre el pago de los 13 millones, Terhorst señaló que fue "hace poco" cuando descubrió que Joachim Magin, "que es un hombre muy astuto", organizó el pago de otra manera.

Según la agencia Efe, Terhorst también acusó a Magin de engañarle y de quedarse con 13 millones de euros, cantidad que Grupo Industrial Riesgo debía desembolsar al fondo suizo para hacerse con el 75% de las acciones, pero que en la práctica salieron de la propia tesorería de la empresa. Domenech declaró en varias ocasiones que esto lo hizo por medio de una asistencia financiera; esto es, sacó de las cuentas de la empresa que quería comprar el dinero que tenía que abonar por la propia empresa. Y en el verano de 2021 prometió devolver estos 13 millones si la jueza no le quitaba el control de su empresa (finalmente lo hizo).

La querella que presentó primero la Confederación de Cuadros y a la que se adhirieron después todas las demás federaciones de industria representadas en los antiguos comités de empresa (de Avilés y La Coruña) sostiene que se planeó el pase de las plantas de Alcoa a Parter para trasladar, después, su titularidad al Grupo Industrial Riesgo de Domenech y su socia, y ahí es donde la magistrada aprecia indicios de administración desleal o apropiación indebida por parte de Joachim Magin, el personaje de esta trama ahora arrestado.

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Los trabajadores de la planta de Alcoa en San Ciprián, en la provincia de Lugo, aprobaron modificar el acuerdo que alcanzó el comité de empresa con la dirección de la multinacional de diciembre de 2021 para apagar las cubas de la fábrica de aluminio primario a cambio de inversiones de más de 100 millones de dólares. Esta modificación implica, entre otras cuestiones, retrasar el rearranque completo de la fábrica de aluminio primario, previsto inicialmente para enero de 2024, hasta octubre de 2025, a cambio de una serie de mejoras laborales y una inversión global en la fábrica que supera los 190 millones de euros.

En el referéndum convocado por el comité de empresa para ratificar o rechazar la modificación del acuerdo han ejercido su derecho a voto 831 trabajadores, sobre un censo de 1.060 empleados. Roy Harvey, el primer ejecutivo de la multinacional, señaló que la modificación del acuerdo les da "flexibilidad adicional" para reiniciar sus procesos.

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