El independentismo catalán se define por su actitud de conflicto permanente con el Estado. Argumentando razones históricas, culturales, económicas, lengua, etcétera, con falsos o débiles discursos, pero su voluntad de secesión parece constante en el tiempo, con matices según las oportunidades.
La respuesta al independentismo ha ido desde la represión violenta, a la aplicación de una política de apaciguamiento y concesiones que anulaban la presencia del Estado en Cataluña y ejecutando la máxima deslealtad constitucional.
El enfrentamiento que, hasta hoy, lideraba el expresidente Puigdemont, utilizó una compleja trama de recursos con apariencia de legalidad y una formidable propaganda de contenidos soberanistas y populistas de raíz sentimental e identitaria. Un "procés" que se inicia en 2013 y culmina el 27 de octubre de 2017, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia y el Gobierno de España decidió recurrir a los poderes excepcionales que la Constitución señala en su artículo 155.
El conflicto no ha cesado y se añaden nuevos episodios, como la fuga de Puigdemont, la renovación de un Parlamento soberanista y la indecisión para una problemática investidura. Se podría decir que estamos en nuevos capítulos de la revuelta secesionista, pero también de una firme y contundente respuesta del Estado, muy diferente de las realizadas en tiempos pasados y próximos, porque ahora están encarcelados los líderes del motín revolucionario.
Cuando se van a cumplir 40 años de la Constitución que se estimaba como remedio a los nacionalismos radicales, es evidente que el "problema catalán" sigue sin encontrar solución y que ya sería un triunfo que se optase por una "conllevancia" temporal, como sugería Ortega a principios del siglo XX.
Las peripecias de los líderes soberanistas, sus divisiones y escaso bagaje político y ético, dan muy poco margen de confianza para el futuro más cercano. Por todo ello, el rearme moral del Estado debe dirigirse al conjunto de la nación española, además de la catalana, para que se involucre en la necesaria política de afirmación de unidad, de confianza en su país, en los valores de convivencia y de nuestro sistema de Estado de derecho y bienestar.
Las incertidumbres de estos días tienen un plazo corto de aclaración. Habrá que entrar en las cosas del comer, recordando tantas veces como sea necesario que son exigencias para gobernar respetar la legalidad y la lealtad constitucional.
Frente a la permanencia del conflicto, vale la disuasión correctiva y el diálogo, pero ni un paso atrás, junto con el aval del 155. El Ejecutivo de ahora y los venideros debieran asumir el escarmiento y, en consecuencia, reforzar la presencia del Estado, insistiendo en que está por encima de las instituciones autonómicas.
