Los Presupuestos bien valen una misa

Durante muchos años hemos oído las reivindicaciones sobre el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi. De hecho, es habitual ver aún a día de hoy, las banderas con este motivo colgadas en ventanas y edificios oficiales en Euskadi con la citada petición.

“Jurídicamente” puede solicitarse ese acercamiento; así, el artículo 25 de la Constitución Española dice textualmente que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

El artículo 12 de la Ley Orgánica Penitenciaria dispone que: “La ubicación de los establecimientos será fijada por la Administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada uno cuente con el número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”.

También se podría invocar el artículo 3 del Reglamento Penitenciario que dice: “... en consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales”.

Podríamos decir incluso que el alejamiento de los presos de su lugar de arraigo es una pena impuesta a la familia del condenado, que sería inocente de delito o delitos cometidos por su hijo, nieto, pareja, cónyuge… y podría encuadrarse dentro del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En España podríamos decir, por lo tanto, que, como regla general, los presos deben cumplir sus penas cerca de su lugar de residencia.

Es evidente que en el caso de ETA la dispersión y el alejamiento estaba justificado o motivado por razones de seguridad; era necesario “separar al grupo o manada” y alejarlos de Euskadi. Felipe González lo vio claro y comenzó esa política de dispersión. Pedro Sánchez decidió este año poner fin a la misma. Ha sido una decisión que levantó y levanta controversia. Resulta evidente que las decisiones políticas, sin duda estuvieron detrás, tanto del inicio como del fin de esta medida. Resulta obvio que dicha decisión no dejó indiferente a nadie, y cuando aún no resulta pacífica, en estos días se aviva la polémica un poco más.

Otegui con motivo de los 10 años sin ETA, decía: “Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los presupuestos, pues los votamos”.

Ante tal afirmación, automáticamente vino a mi cabeza aquella legendaria frase de: “París bien vale una misa”. Así, se dice que durante la ceremonia de conversión a la iglesia católica, el Rey Enrique IV dijo a su acompañante esta frase. Entendía el monarca que el control de París justificaba su repentino catolicismo. En el escenario actual y en relación a la afirmación comentada, lo que no tengo claro es quién es quién, si Enrique IV es Pedro Sánchez o por el contrario lo es el señor Otegui, o si son ambos a la vez.

No seré yo quien defienda que debemos olvidar los horribles crímenes cometidos por ETA, sus asesinatos. Al contrario, es historia reciente que debería ser de obligada enseñanza para entender que los fanatismos políticos llevan precisamente a sinsentidos como el de ETA.

Sí defiendo que un Gobierno digno tiene que tener la objetividad necesaria, que por otra parte no es exigible a las víctimas, para que sus decisiones políticas sirvan a los intereses generales, no a los partidistas y en materias tan sensibles como ésta, por supuesto, que las víctimas no se sientan humilladas, olvidadas o que consideren que tanto dolor y tanto sacrificio no sirvieron absolutamente para nada.

Frase como la que ha dicho Otegui, sin duda fruto de su libertad de expresión (pilar de nuestro Estado de Derecho) en nada ayuda a cicatrizar heridas.

Vuelvo a insistir en la independencia de nuestro poder judicial y así el artículo 117 de nuestra Constitución dice: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

Los 200 presos que están encarcelados lo están en virtud de esa función jurisdiccional y todo Gobierno que se precie ha de exigir y dar ejemplo de respeto a las instituciones democráticas como la mejor defensa frente a los extremismos.

No puede existir una renuncia al cumplimiento de la ley como exigencia en la aprobación de unos Presupuestos, no pueden satisfacerse las exigencias de un partido que no condena de forma clara y sin rodeos los 853 asesinatos, los 3.500 atentados y las más de 7.000 víctimas de ETA. La normalidad democrática no significa eso, no todo vale en política, no siempre el fin justifica los medios.

He de confesar que me cuesta mantener la objetividad en este tema, por razones que no quiero detallar, pero diré algo desde el corazón: en estos días no me he sentido defraudada por Otegui, creo que todos estamos acostumbrados a sus provocaciones, me he sentido “engañada por los míos”, por lo que encierra esa frase. Este Gobierno, y por necesidades partidistas, está dispuesto a ceder en todo. El contenido de la frase de Otegui, evidencia el nivel político que nos toca sufrir.

Finalizo este artículo parafraseando a Fernando Fernán Gómez, ya que también tengo mal carácter, “Señor Otegui, ya está bien: ¡váyase usted a la mierda!”

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