Hace unos días la Constitución estuvo de cumpleaños, ya 43. Nuestra Carta Magna es previa a muchas de las personas que ejercitan hoy su derecho al voto y somos muchos los que no la hemos votado.
Sin duda, la España de hoy no es la misma que la que era en 1978, y por supuesto la manera de vivir y de pensar de los españoles tampoco, por ello a nadie tendría que sorprenderle el hablar de reformar de la Constitución, de adaptarse a nuevas situaciones. Reformar la constitución tendría que verse como algo normal y previsible, máxime cuando la propia Constitución fijó el camino a seguir para su propia reforma.
Hoy la Constitución está más cuestionada que nunca. Desde su artículo 1 que consagra la Monarquía Parlamentaria, pasando por su artículo 2 que establece la indisoluble unidad de la nación Española, su artículo 3 que determina el Castellano como lengua oficial de España, su artículo 20 referente a la libertad de expresión,…. hasta el artículo 168 que recoge el procedimiento para su reforma son cuestionados y yo diría que incumplidos sistemáticamente por los que a voces aclaman su reforma.
En estos días asistimos atónitos a la declaración de la Generalitat que anunciaba sin sonrojo alguno, que no acatará la Sentencia del Tribunal Supremo (órgano judicial igualmente previsto constitucionalmente) que obliga a que el 25% de las clases sean en Castellano. La reciente sentencia del Tribunal Supremo rechazó el recurso la Generalitat contra la sentencia de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña siendo, por tanto, ya firme su fallo.
Los que aclaman la reforma de la Constitución intentan dar una legitimidad de derecho a una situación de hecho, de continuo incumplimiento, que se mantiene a lo largo de los últimos años, en lo que constituye un auténtico fraude de ley.
Resulta grotesco escuchar a propósito del uso en la docencia del castellano lo dicho por el Consejero de Educación, Cambray: “La Generalitat, tras detectar un descenso del uso social de la lengua catalana entre los jóvenes, ha puesto en marcha un plan precisamente para ‘reforzar el uso del catalán’”. ¡Caramba!, como para no constatar un descenso en el uso del castellano, pero éste ha sido ¿libre u obligado? Quiénes son ahora los opresores, los dictadores, los avasalladores, quiénes son hoy los tiranos, quiénes los acosadores. Ya lo dijo Aristóteles: “La turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos.”
Quieren reformar la Constitución aquellos que no la cumplen, pero no todo se puede reformar y mucho menos sin cumplir el procedimiento. Por utilizar un símil no es lo mismo querer pintar nuestra casa, cambiar la decoración que “reformar los elementos estructurales de ésta, esto nos llevará mucho más tiempo, esfuerzo y cuidado, siendo conscientes de que mover los pilares es técnicamente imposible, de hacerlo la estructura se tambalea y cae.
En la vida en general, pero con mayor motivo en política, antes de tomar una decisión es necesario reflexionar sobre para qué se hace y por qué. En Política, que proviene de la palabra griega “polis”, que significa ciudad, las decisiones han de ir encaminadas a satisfacer el interés general, “el de las polis”, lejos de intereses particulares o partidistas. La política debe ser entendida como un ejercicio de poder siempre en beneficio de la colectividad, el por qué y para qué han de decirnos que es lo mejor para el interés común.
No, yo no voté la Constitución, pero sí crecí con ella y ha sido garantía de progreso y desarrollo. Se puede mejorar, reformar, seguro, pero sabiendo qué se reforma, por qué y para qué, cumpliendo la ley, satisfaciendo el interés de general y sabiendo que hay reformas que técnicamente son imposibles, por afectar a los pilares.
Y hablando de pilares, de respetar el interés común, de escuchar a la polis, los partidos políticos, son sin duda pilar en todo sistema democrático que se precie. La Constitución en su artículo 6, los concibe como manifestación de la voluntad popular e instrumento fundamental para la formación política.
Cuando los partidos políticos desoyen a la ciudadanía, cuando la “polis” no se siente ni oída ni escuchada, existe un derecho que igualmente se encuentra previsto en nuestra constitución, en concreto en su artículo 21, el derecho a manifestarse, a reunirse de manera pacífica, para hacer que sus peticiones sean oídas y escuchadas.
Así el pasado día 16 de diciembre Oviedo junto con su Alcalde, acogió a la manifestación por las mejoras de las infraestructuras en el Suroccidente de Asturias. Sorprende que algunos de los Alcaldes de la zona afectada, ausentes en dicha manifestación, dijesen que manifestarse no servía para nada, que había que trabajar desde las instituciones, cuando la razón de esa manifestación es precisamente la inacción de las instituciones a dicha reclamación.
“La polis” se unió, empresarios, diferentes partidos políticos, asociaciones, plataformas, ciudadanía en general, hasta el clero estuvo allí, representado, dando fortaleza a una petición que deviene justa y necesaria, al ser de interés común, “de todos.”
La decisión política ya tiene el por qué, los años de abandono en las infraestructuras del suroccidente, la falta de inversión han hecho que no se cumplan los requisitos mínimos de seguridad, pero igualmente el para qué, el suroccidente no enmudezca en el olvido, para que no haya una Asturias de primera y otra de segunda, (sabedores de que Asturias en el conjunto de España, no es modelo precisamente de progreso y avance), pero sobre todo para que la democracia exista, para que la polis vea que el ejercicio del poder está al servicio de las necesidades de la mayoría y para demostrar que los partidos políticos cumplen el fin que justifica su existencia.
La solidaridad es otro principio Constitucional, y esta empieza con nuestros vecinos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Degaña, Ibias que han dado toda una muestra de unión, requisito esencial para su éxito.
Fernando Múgica Herzog ya lo dijo: “La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”.
