Resulta bastante desalentador, tener que negociar Convenios-Acuerdos en una Administración Local, con políticos que desconocen la razón de la existencia del personal funcionario y por qué los empleados públicos tienen un régimen jurídico distinto al resto de personas que trabajan en una empresa privada. En última instancia, el personal funcionario tiene que garantizar los intereses generales por encima de los particulares, incluso sobre los políticos.

En España, los políticos se encargaron de crear una imagen distorsionada del empleado público. Para Miguel Martínez Lucio, profesor de Derecho Laboral en Manchester, lo que ocurre en nuestro país, es una copia de los discursos antisindicalistas de Thacher en los años 80, «Cada vez que hay una política de privatización y de cambio necesitas representar a la fuerza del trabajo de una forma determinada. Aquí pasó en los años 70: Todos eran comunistas. No puedes movilizar a la gente contra los funcionarios si no creas una imagen distorsionada de ellos».

El Presidente Nacional del Sindicato CSIF, Miguel Borra, cree que los empleados públicos son muy incómodos para los políticos porque son los únicos que se interponen en sus decisiones, y esa es precisamente su función. Si yo tengo mi plaza en propiedad, «ya me puede venir el Alcalde o el director de turno a mandarme hacer algo que no debo hacer, porque le voy a decir que no».

El problema es que los políticos ya se han buscado estratagemas para saltarse esos controles. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal; toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: Ganar las elecciones. Esto explicaría por qué se hacen aeropuertos sin aviones, o museos que nunca se abrieron, o piscinas olímpicas para 60 vecinos de los cuales el 30% son octogenarios, y hospitales inaugurados en períodos electorales, los cuales siguen sin enfermos tres años después. Los políticos toman estas decisiones, muchas veces con informes negativos redactados por los funcionarios que desaconsejan tales proyectos por excesivamente caros frente a la utilidad pública que tendrían para la ciudadanía? Para los empleados públicos estas situaciones generan un sentimiento de frustración, que en ocasiones incluso puede llegar a repercutir en nuestra salud, viendo tanto despropósito, especialmente durante los años en los que vimos cómo «se tiraba» el dinero de todos en hormigón y convites, dinero que ahora nos hace falta para hacer frente a las maltrechas Administraciones Públicas que han quedado hipotecadas por muchos años.

Bajo la excusa de reorganizar servicios, lo que pretenden algunos «superconcejales de Personal» es solamente recortar derechos de los trabajadores, amedrentando con promover despidos en la Administración Pública, y bajo la peregrina excusa de que tienen que ofrecer una buena atención a los vecinos que «pagan nuestros salarios», olvidando que el ciudadano también pagan los sueldos y gastos de los políticos y sus errores, sobre todo en materia urbanística, como demuestran cada día los tribunales con condenas millonarias, que acaba pagando el pueblo llano. En definitiva, a los políticos les gusta detentar todo el control sobre el empleado público, laboral o funcionario para dejar sin efecto el control que podemos ejercer en la buena marcha de las Administraciones Públicas.

Quizá tras la lectura de estas líneas, se pueda entender tanto empeño de los Políticos en desacreditar a los empleados públicos «como una casta privilegiada» ante el resto de la sociedad, echándonos la culpa de la crisis, y como justificación para hacernos pagar por ello, con bajadas de salarios, supresión de pagas extras, aumento de la jornada laboral, eliminación de permisos y anulación de Convenios-Acuerdos, que nos devuelven a tiempos que creíamos superados.

Si la Administración funciona bien o mal, los responsables son los políticos, que son los que mandan, y si se vienen equivocando y adoptando directrices claramente irresponsables por gastar más de lo que había a lo largo de los últimos años, negando cualquier posibilidad de una crisis económica que apuntaba maneras, no es culpa del empleado público, o acaso alguien puede pensar que la debacle de la Banca es culpa del cajero que nos atiende en ventanilla.