Grado, Lorena VALDÉS
«El equipo de gobierno ha logrado poner orden en un servicio que hacía agua y que incumplía la legalidad en todos los sentidos», así se defiende la concejala de Servicios Sociales de Grado de las acusaciones de IU de haber llevado «al caos un servicio vital para los ciudadanos moscones».
Según la concejala del PP, «el contrato de ayuda a domicilio fue adjudicado por José Sierra, anterior alcalde, a dedo hace más de doce años a una empresa cuyo contrato fue actualizado e incrementado casi un 13 por ciento, lo que supuso un agujero en el dinero asignado a la concejalía de Servicios Sociales de 75.000 euros. El contrato de ayuda a domicilio venció en diciembre de 2007 y el Ayuntamiento hizo un concurso para una nueva contratación. Se presentaron 4 empresas y se adjudicó el servicio a la más ventajosa», sostiene la edil.
Castrillo también deja claro que el Principado «establece el copago del servicio por parte de los usuarios» y que el gobierno «aplicó la ordenanza que aprobó Sierra y que se modificó en 2007 con el apoyo de todos los grupos políticos. A partir de esta aprobación se estableció el precio de la ayuda a domicilio, luego no se subió el precio; tampoco es cierto que se haya enviado cartas exigiendo el cobro retroactivo desde agosto», concluye.
