La portavoz del PP de Noreña, Marian Velasco, ha insistido en que quienes aprobaron la ordenanza de Noreña de uso del asturiano anulada por los tribunales -tras un recurso de un afiliado popular- "son los que tienen que explicar por qué quieren imponer el bable de manera ilegal y el coste que eso supone para las arcas municipales". Con el recurso, explica, no solo defienden lo que dice la ley sino también quieren "evitar que en nuestra tierra se den los pasos que en otras partes de España empezaron a dar hace treinta años, y que ahora muchos lamentan no haber parado antes".
La popular cree que es "un insulto a los vecinos que los mismos que han aprobado una ordenanza ilegal, porque así lo ha dicho la justicia, sean ahora los que piden explicaciones precisamente a quienes hemos defendido en los tribunales el cumplimiento de la ley". Considera la aprobación de la ordenanza "una clara irresponsabilidad". Para la edil, además de tener defectos graves en su tramitación, "rebasa en su articulado lo que establece la ley en cuanto al estatuto jurídico del bable, siendo anulada en su totalidad por fallos esenciales de su contenido".
Por eso, cree que "insistir en la aprobación del mismo texto con cambios cosméticos, sería una tomadura de pelo a los vecinos y una actuación temeraria que el PP va a perseguir.
Velasco sostiene que "el Ayuntamiento de Noreña no tiene competencia para regular el régimen jurídico del bable en el ámbito del concejo como ha pretendido con esta ordenanza. Eso es algo que corresponde a leyes autonómicas y estatales".
La concejala subrayó que "la ordenanza convierte al asturiano en lengua de uso institucional equiparada al castellano, como si aquella fuera oficial, cuando realmente no lo es", de ahí que hable de "declaración de oficialidad encubierta", algo que aparece claramente, en su opinión, en varios artículos del texto anulado por el tribunal.
