Los ocho propietarios de viviendas o terrenos de El Castro de Lugones donde se construirá una glorieta firmaron ayer en el Ayuntamiento de Siero las actas de ocupación, y se mostraron descontentos por la forma en que les han sido arrebatadas sus propiedades, que según aseguran no se corresponde con las necesidades actuales de desarrollo de la zona.
El caso es que el Ayuntamiento de Siero aprobó la expropiación el día 29 de junio de 2018 y lo envió al Consejo de Gobierno del Principado que el 26 de julio declaró la ocupación urgente.
Esta urgencia es lo que más ha molestado a los afectados, porque además cambia el tipo de proceso, siempre en contra de los expropiados. Como expresaba el abogado de varios de ellos, Gerardo de la Iglesia, cuando la expropiación se hace por vía de urgencia, se priva de unos bienes a los propietarios, se les obliga a firmar el acta de ocupación, porque si no lo hacen se da por firmada por mérito; después les dan una indemnización que consideran "irrisoria", de entre 1.000 y 1.800 euros -del total de la expropiación se tratará el mes próximo- y tienen muy poco tiempo para irse de sus casas.
Uno de los afectados, Javier Álvarez, vive en una de las viviendas expropiadas con su mujer, Verónica Menéndez. Se ha mostrado especialmente dolido porque cree que al quitarle la casa le están haciendo "perder las raíces". "Allí vivió toda la vida mi abuelo, y yo tengo allí una vida entera", aseguró.
"Entiendo perfectamente que esa glorieta hace falta, porque toda la vida hubo accidentes, pero para nosotros es una pérdida enorme por encima del dinero que nos den y de todo lo demás", señaló. Pero en su caso asegura que el derribo de la casa se podía haber evitado cambiando ligeramente el eje de la glorieta para que no tuviera que pasar necesariamente por su terreno. Pero no se ha hecho y ahora tienen que irse. Otra cuestión es que los afectados tienen muy poco tiempo para desalojar, y pedirán al Ayuntamiento que les de una prórroga.
La construcción de la glorieta de El Castro viene de muy atrás. Ya en 2009 hubo un convenio por el que varias inmobiliarias que iban a construir en la zona se comprometían a pagar las expropiaciones de los ramales. Pero llegó la crisis y todo se paralizó. Y entretanto, algunas de las empresas incluso entraron en proceso de liquidación. En cualquier caso, Gerardo de la Iglesia lamenta que se haya utilizado un recurso como la expropiación, pensado para la utilidad pública, en beneficiar a entidades privadas.
Y, a su juicio, si la urgencia no estaba justificada en su momento, ahora lo esta menos, porque lo lógico es que se tarde mucho tiempo en completar el desarrollo inmobiliario de la zona. En cualquier caso, el proyecto seguirá adelante y todo indica que avanzado el otoño su desarrollo se pondrá en marcha.
