Mieres del Camino,
Andrés VELASCO
El duro ajuste planteado por el Gobierno del PP en el plan del carbón tendrá esta semana respuesta por parte de los principales partidos políticos de la oposición. Tanto el PSOE como IU ya han anunciado que presentarán varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para tratar de corregir el recorte tanto de los fondos mineros para infraestructuras como de las ayudas a las empresas para la producción de carbón.
El pasado sábado, el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Jesús Gutiérrez, anunció la intención de los socialistas de presentar una batería de enmiendas a las cuentas del PP. Ayer, el diputado nacional del PSOE y ex delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín Lombán, confirmó que las enmiendas a los presupuestos «ya están redactadas», y que irán en la línea de la defensa a ultranza del carbón y las comarcas carboneras. Trevín explicó que solamente queda pendiente la tramitación interna de las mismas por parte del grupo socialista en el Congreso para su posterior presentación, algo que deberán de hacer antes del próximo viernes. Las enmiendas irán, en todo caso, enfocadas a paliar el recorte planteado por Hacienda, del 70%, a las ayudas a la producción de carbón, que provocarán el cierre inmediato de las empresas mineras según denunció la patronal Carbunión y los sindicatos mineros.
En el caso de Izquierda Unida, que ya presentó una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, también se están preparando nuevas enmiendas a las cuentas en materia de fondos mineros. Fuentes del partido coordinado en Asturias por Jesús Iglesias, indicaron que, principalmente, los textos que se están redactando «van enfocados a asegurar la financiación necesaria para que se garantice la ejecución de todos los proyectos de fondos mineros que se hayan aprobado». La coalición registrará en los próximos días, al igual que los socialistas, las enmiendas en el Congreso. Y es que el recorte preparado por el Gobierno de Mariano Rajoy conlleva la paralización de todos los proyectos de fondos mineros que no han sido iniciados, y de buena parte de las obras comenzadas, que según explicó el Ejecutivo, se irán terminando siguiendo prioridades y según la financiación disponible.
