Madrid, MODEM PRESS

El Grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados aseguró ayer a los máximos responsables de los sindicatos mineros, con quienes se reunió por espacio de dos horas y media, que el Gobierno no ha tomado la decisión de «cerrar» la minería del carbón y que el recorte del 63% de las ayudas decidido por el Ejecutivo de Rajoy para el presente año, que es «imposible modificar», sólo es debido a «la situación de fuertes restricciones presupuestarias que tenemos que abordar este año».

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, que junto con el portavoz de energía, Antonio Erias, se reunió ayer con los representantes de FITAG-UGT y de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, constató, tras calificar al sector minero de «complejo», aunque «importante» para España, «la buena disposición de los sindicatos al diálogo», que «trasladaremos al Ministerio de Industria».

Hernando subrayó que el conflicto «se tiene que solucionar dialogando» y «dada la buena disposición de ambas partes para el diálogo yo espero», señaló, «que los contactos seguro que se producirán pronto». El portavoz adjunto del Grupo Popular señaló que «a nosotros no nos corresponde negociar ni hacer propuestas, pero sí, como hemos hecho hoy, intentar echar un cable y avanzar hacia un diálogo, que yo estoy convencido de que se va a producir, porque hemos constatado la voluntad de todas las partes de hacerlo».

Los sindicatos, por su parte, apremiaron al Gobierno a negociar «cuando quiera y como quiera», explicó el Secretario General de la FI de CC OO, Felipe López, porque «el tiempo es importante y si tienen la decisión política de abrir un proceso de negociación, que sea cuanto antes». «Cada día que pasa la solución es más difícil», apostilló el Secretario General de FITAG-UGT, Antonio Deusa, «porque si esto no se arregla en agosto o septiembre va a comenzar el cierre de las minas».

Ambos líderes sindicales consideran que el Gobierno no se puede enrocar en el inmovilismo porque «los presupuestos se modifican constantemente y se incumplen un día sí y otro también». «Ahora van a crear un crédito extraordinario de 280 millones para salvar de la quiebra a las concesionarias de autopistas. Con ese dinero nuestro problema estaría solucionado», sentenció Antonio Deusa.