"Estaba entre la espada y la pared: o levantaba los reparos o podía causar un perjuicio mayor a los vecinos. Tengo la conciencia tranquila porque siempre obré buscando el interés general". Así se expresó Tomás Cueria, exalcalde de Caso, del PSOE, en la vista por presunta prevaricación celebrada ayer en el juzgado de lo Penal de Langreo. La Fiscalía pide para Cueria nueve años de inhabilitación, al entender que gestionó de forma irregular contrataciones públicas que suman 67.000 euros. El entonces regidor levantó varios reparos de la secretaria-interventora municipal para dar luz verde al pago de una factura a la cooperativa Cofoso por unos trabajos de prevención de incendios, una contratación para impartir clases de gimnasia por parte de Gesport, otra para limpiar dependencias municipales a cargo de la firma Vilzar y otra contratación más, con Aqualia como beneficiaria, para el mantenimiento de depuradoras.

La que por aquel entonces era secretaria-interventora del ayuntamiento de Caso, Noelia de Lucas, argumentó que planteó los reparos a esas contrataciones porque se gestionaron o prorrogaron sin seguir los procedimientos reglados para ello. En el caso de la contratación de Cofoso (la más elevada, por un importe de 33.817 euros) De Lucas aseguró que "estuvimos cuatro meses trabajando en el expediente y recibí una llamada del gobierno local para que no lo colgara en el perfil del contratante, porque me dijeron que ya se estaban haciendo las labores. Puse el reparo cuando llegó la factura de la empresa, porque no tenía un contrato administrativo detrás".

Tomás Cueria esgrimió, por su parte, que tuvo conocimiento de que la obra estaba hecha cuando llegó la certificación del Principado, el organismo que había concedido la subvención. "Al enterarme lo primero que hice fue paralizar los trabajos y levantar el reparo para abonar lo que ya estaba ejecutado. De lo contrario, si no pagamos, podrían habernos acusado por enriquecimiento ilícito", expuso Cueria.

El exregidor argumentó que muchos de los contratos eran heredados de la etapa anterior, con gobierno de IU, la misma formación que presentó la denuncia contra Cueria. "Me duele que pasara eso. Cuando llegamos al Ayuntamiento el descontrol económico y administrativo era muy grande y nos fijamos como reto poner las cosas al día. El problema es que eso llevó tiempo", indicó Cueria, que añadió: "Estaba claro que yo sobraba en el Ayuntamiento y el daño ya me lo han hecho porque dimití para cumplir con el código ético de mi partido. Yo no me llevé una peseta a mi casa ni tengo amistad con nadie de esas empresas, ni fueron decisiones arbitrarias; obré así por responsabilidad, para evitar un perjuicio mayor y buscando lo mejor para los vecinos de Caso. Volvería a actuar de la misma manera".

La fiscal esgrimió en sus conclusiones que en el caso se da que las decisiones fueron "arbitrarias" y "a sabiendas" de lo que se estaba haciendo. Con algunos de los contratos, además, "se persistió en el mantenimiento de la ilegalidad". También expuso la fiscal que se obró de esta manera "de forma reiterada" y "sin un procedimiento que diera cobertura legal" a esos contratos.

El abogado defensor de Cueria, relató, por su parte, que levantar un reparo es una "potestad" del alcalde que no implica "incurrir en prevaricación" y que, este caso, fue utilizado para no "paralizar" la actividad municipal. "No levantar los reparos habría supuesto no hacer desbroces contra incendios, a unos vecinos sin gimnasia, el colegio sin limpiar y las aguas fecales vertiendo directamente en los pantanos que dan de beber al 80 por ciento de Asturias, lo que habría sido de juzgado de guardia".

Además, apuntó que la secretaria-interventora -que fue interventora también en el Ayuntamiento de Aller, cuyo alcalde fue absuelto recientemente de otro proceso por prevaricación- es licenciada en Económicas y dominaba mejor esa rama, pero no resolvía las dudas de los concejales cuando tenían dudas jurídicas, como declararon varios de ellos.