El Alcalde carga contra el Principado por "dejar tirada" a la fábrica de mascarillas de Morcín: "Es una vergüenza"

La decisión, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, de la dirección de la fábrica de mascarillas de Morcín de presentar el preconcurso de acreedores ante la falta de apoyos y de ventas de cubrebocas ha caído como una losa tanto en el Ayutamiento morciniego como en el SOMA-FITAG-UGT, que preside el comité de empresa de la planta. Ambos culpan al Principado de la situación a la que se ha llevado a Fortia, hasta el punto de que el regidor morciniego, Mino García, ha tachado de "vergüenza" la actitud de la administración regional "cuando fueron ellos quienes incitaron e impulsaron a crear la empresa".

El Alcalde mostraba un tremendo enfado con una situación, dijo, "que no puede pasar". "No puede ser que cuando hay una necesidad se incite, casi ruegue, a unos empresarios a que pongan, en este caso, una planta de mascarillas para cubrir las necesidades en un momento de extrema gravedad y luego se olviden de ellos y los dejen tirados después de haberles hecho una llamada de auxilio", señaló con evidente indignación Mino García, que indicó que, ya desde el principio, se empezaron a incumplir los compromisos de sostener un sector estratégico que "casi ellos mismos obligaron a crear". Como ejemplo, añadió el regidor, "el primer concurso de compra de mascarillas, poco después de abrir la fábrica, tenía cláusulas que obligaban a las empresas candidatas a tener un capital social de varios millones de euros, algo que descartaba completamente a las de nueva creación, en este caso también a la de Morcín".

En imágenes: Así se trabaja en Fortia, la planta de mascarillas de Morcín

Mino García indicó que "no pedimos ningún pucherazo, pero sí que se potencie nuestra industria y lo que tenemos, tal y como hacen en otras regiones, como el País Vasco". "Es una vergüenza la actitud del Gobierno regional, que sigue comprando mascarillas para determinados sectores como el sanitario y, sin embargo, abandona a una empresa que ellos mismos incitaron a crear", señaló el Alcalde, para agregar que "ahora, igual que metió a los empresarios en el lío, que los saque y evite que cierre una empresa más en las comarcas mineras". "Hay cláusulas sociales en los contratos y mecanismos adecuados y legales para poder llevarlo a cabo", finalizó García.

Trabajadores

Desde los sindicatos, en este caso el SOMA-FITAG-UGT, que ostenta la mayoría en el comité, señalaron que "en el verano ya dijimos que Fortia Seguridad y Salud fabricaba mascarillas y daba empleo en Morcín y no era el almacén de un intermediario". "Era una empresa de aquí, con trabajadores de aquí, pero que lamentablemente podría ser otra empresa de las cuencas mineras que cerrase", apuntó Fernando Fernández, secretario general de la Comarcal del SOMA en el Caudal, para agregar que "estos negros presagios se han cumplido".

El portavoz del SOMA apuntó que "llevamos meses pidiendo la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de la administración autonómica que garanticen a las empresas poder competir en igualdad de condiciones". Y agregó que "este no es un problema de Fortia, y no se trata de dar contratos a dedo la empresa, ni que se beneficie exclusivamente a empresas regionales". Sin embargo, aclaró que "el propósito de esta petición es que en la contratación de la administración autonómica las fábricas asturianas, españolas o europeas puedan competir en igualdad de condiciones frente a las importaciones de países que no contemplan los criterios éticos, medioambientales y de responsabilidad social y laboral de la normativa de la Unión Europea".

En esa línea, el portavoz del SOMA ponía sobre la mesa una "incongruencia" de la administración regional: "Este miércoles el Principado aplaudía la aprobación del arancel ambiental a las importaciones procedentes de terceros países que compitan con ventaja por no estar sujetos en sus mercados de origen a las exigencias ambientales ni incurran en los costes de adquisición obligatoria de derechos de emisión de dióxido de carbono, aunque lamentaba su tardanza. Pues su tardanza en aplicar mecanismos que garanticen una competencia justa en las contrataciones de la administración autonómica también tiene consecuencias".

Fernández aseguró que la propia Ley de Contratos del Sector Público, avala la inclusión de estas cláusulas sociales o medioambientales que puedan permitir a Fortia competir en el mercado, y exige su aplicación. "Para el SOMA, considerar el precio como el único factor determinante a la hora de adjudicar un contrato, es una interpretación sesgada de la Ley de Contratos del Sector Público". "Se pueden incluir cláusulas socio-laborales, sustituyendo el principio de oferta económicamente más ventajosa, por el de mejor calidad-precio. Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato", aseguró.

Por último, y como también afirmase el alcalde, Fernando Fernández indicó que "aún recordamos cómo políticos de todo signo incitaban a la instalación de fábricas de mascarillas, en un momento difícil y duro, con los suministros de equipos de protección individual, especialmente mascarillas, prácticamente agotados en todo el mundo". "Pero, pasados los meses, al menos en nuestra comunidad autónoma, abandonamos desde la administración a esas empresas y sus trabajadores una vez más", finalizó.

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