Ayuntamiento y sindicatos respaldan a la planta de mascarillas de Morcín y exigen cláusulas sociales al Principado para evitar el cierre

El alcalde de Morcín, Mino García, y el SOMA-FITAG-UGT, que tiene mayoría en el comité de empresa de la planta de mascarillas de Morcín, han salido en defensa de la continuidad de la fábrica, y han exigido al Principado lo mismo que Fortia venía pidiendo: la inclusión de cláusulas sociales y laborales en los pliegos de condiciones que permitan a la empresa asturiana, y a otras españolas y europeas, competir en igualdad de condiciones con los productos elaborados en China. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Servicio de Salud del Principado acaba de sacar un concurso para proveerse de mascarillas quirúrgicas en el que el 80 por ciento de la valoración será el precio de la misma, lo que pone muy complicada la superviviencia de la empresa radicada en Argame.

El Alcalde de Morcín, Mino García, aseguró que la situación de Fortia "es algo que se veía venir". "El Principado ha tenido buenas palabras, pero nunca ha usado esas cláusulas sociales y laborales que permitan que las empresas compitan en igualdad de condiciones". García lamenta que el cierre de la fábrica también supondría la pérdida de empleo en el concejo, en una planta en la que llegó a haber más de medio centenar de trabajadores y en la que hoy apenas quedan dos operarios.

La planta de mascarillas de Morcín, al borde del cierre, recibe la estocada definitiva del Sespa

Sin embargo, el alcalde de Morcín (IU), también quiso tener unas palabras para uno de los socios de la compañía y presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. "Recuerdo que ha hecho declaraciones en las que ponía en tela de juicio la entrada en los gobiernos de los 'comunistas', como el nos llamaba, porque no íbamos a mirar por el interés empresarial", señaló García, para agregar que "se ve que los que están son los que no lo hacen, porque nosotros siempre vamos a mirar por las empresas y el empleo".

Contundencia sindical

Desde el SOMA-FITAG-UGT, el secretario general en la comarca del Caudal, Fernando Fernández, señala que la situación respecto a las plantas de mascarillas "no es un problema de Fortia, no se trata de adjudicar contratos directos a Fortia, ni que se beneficie exclusivamente a empresas regionales". "Se trata de que las fábricas asturianas, españolas o europeas puedan competir en igualdad de condiciones frente a las importaciones de países que no contemplan los criterios éticos, medioambientales y de responsabilidad social y laboral de la normativa de la Unión Europea", apuntó el portavoz sindical.

En este sentido, entiende el SOMA que el Principado de Asturias "debe tener en cuenta en su contratación administrativa las denominadas clausulas sociales y medioambientales, que se pueden definir como aquellas estipulaciones que obligan a los adjudicatarios de un contrato público a dar cumplimiento, junto con el objeto propio del contrato, a determinados objetivos de política social y medioambiental que se estiman de interés general, de forma que el precio más bajo no sea el elemento que decida la adjudicación". Recuerdan desde el sindicato, e instan al ejecutivo de Adrián Barbón, a que "hagan valer sus propuestas para el programa de gobierno 2023-2027 con las que se presentó a las elecciones autonómicas de mayo", y apuntan a que "en el punto 11 del apartado Comercio, Emprendimiento y Economía Social se recoge textualmente 'promoveremos la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas para apoyar la participación de las empresas de economía social'”.

El responsable del SOMA en el Caudal se mostró muy crítico con el Gobierno regional. "Estamos ante un problema común de la industria europea, la contraposición entre dos modelos, el de la fábrica que crea riqueza y empleo aquí, y el de la oficina de intermediario especulador, modelo por el que parece apuesta el gobierno regional", dijo, para poner ejemplos de defensa regional de la industria: "Desde el SOMA FITAG UGT observamos como los gobiernos de otras comunidades autónomas, por ejemplo el País Vasco, defienden su industria y a los suyos". "En Asturias el Gobierno regional nos habla de la defensa de lo asturiano, de nuestra identidad, pero parece ser que no pasa de ser un mero postureo digital", agregó.

No se queda ahí Fernández, que pone como ejemplo de cláusulas en los contratos, que se priorice "la huella de carbono en la producción y el transporte sea la menor posible". "Sin embargo parece que un barco cargado de contenedores con mascarillas desde el sudeste asiático y su posterior transporte en camiones hasta Asturias contamina menos que la fabricación en España", y censuró que en el concurso puesto en marcha por el Sespa "los criterios ambientales se reducen al embalaje procedente de material reciclable y que las mascarillas incorporen el símbolo 'Recicla'".

Por último, Fernando Fernández aseguró que "llama la atención que un Gobierno autonómico que se define como progresista no exija en sus pliegos de contratación administrativa la fabricación o importación de países que hayan firmado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo o que tampoco se contemplen inspecciones de esas fábricas por organizaciones independientes de certificación social sobre el cumplimiento en el proceso de producción de la normativa laboral básica establecida por la OIT y del conjunto de los estándares recogidos en el artículo 2 de la Resolución 2005/2245 (INI) del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo".

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