Reprimenda del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Langreo: lo tacha de administración "entorpecedora"

Malas noticias para el Ayuntamiento de Langreo. El Defensor del Pueblo, el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos de la ciudadanía, ha incluido al Consistorio en sus listados de "administradores entorpecedores" y "administraciones que no colaboran". ¿El motivo? No es baladí. Según la entidad, hay "pasividad municipal" ante unas "obras ilegales". El gobierno local (IU), que tomó posesión hace solo dos meses, trabaja ya en revertir esta "situación heredada".

Realmente "heredada". Porque, según el Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento de Langreo lleva ya más de 480 días de demora en la respuesta a los requerimientos que se han dictado desde la entidad. Según consta en el escueto avance del Defensor del Pueblo, que no se muestra completo por la Ley de Protección de Datos, la Administración local fue solicitada a aclarar la situación sobre unas obras "ilegales" en el municipio. Este primer requerimiento se comunicó el 30 de abril de 2021, ya en el anterior mandato –con el gobierno en manos del PSOE–.

El Defensor del Pueblo otorga un tiempo de "cortesía" a las entidades antes de incluirlas en su listado "negro" de colaboración. En concreto, solo son añadidas aquellas administraciones y entidades que no responden al tercer requerimiento emitido por el Defensor del Pueblo.

Langreo cumplió los requisitos. De hecho, ese tercer requerimiento se comunicó ya el 25 de abril de 2022. Un año antes de las elecciones municipales. Tras los últimos comicios, el pasado mes de mayo, Izquierda Unida sostiene el bastón de mando. Es por eso que el gobierno local ha explicado a este diario que se está "trabajando" en revertir esta situación. Un trámite que podría llevar algún tiempo, ya que la situación parece enquistada tras tantos días de demora en la respuesta.

El Ayuntamiento de Langreo no es, ni de lejos, la única administración "entorpecedora" para el Defensor del Pueblo. Hay un total de 155 entidades locales, autonómicas y dependientes del Gobierno central que no han cumplido con sus obligaciones frente al alto comisionado de las Cortes Generales. Solo en Asturias, hay otras cinco administraciones en la lista de "entorpecedoras".

Los menos cumplidores, según las estadísticas del Defensor del Pueblo, son los pequeños ayuntamientos. Un dato directamente relacionado con la escasez de recursos en los municipios menos habitados. En la mayoría de los casos, las reclamaciones que no se solventan están relacionadas con problemas de convivencia, procesos administrativos –como es el caso de Langreo– y pagos o cobros indebidos. Estos tres apartados copan el setenta por ciento de las reclamaciones que cursa el alto comisionado por la defensa de los derechos de la ciudadanía.

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