Mieres cumple 20 años sin plan urbano, atrapado en un laberinto burocrático

El gobierno local de IU aún no ha logrado desbloquear el documento, tras iniciar en 2011 un proceso de revisión de la planificación del PSOE

Vista area de los terrenos del lavadero del Batán.

Vista area de los terrenos del lavadero del Batán.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mieres se aprobó a finales de 1995 y casi de inmediato quedó obsoleto. Poco después, comenzó a desarrollarse el campus universitario de Barredo y el ensanche residencial de La Mayacina, en ambos casos, sin seguir los parámetros fijados previamente. A nivel político pronto se percibió que el documento miraba más al pasado que al futuro, y en 2004 ya se anunció abiertamente que comenzaba un proceso de revisión para alumbrar un nuevo plan de gestión del suelo. Dos décadas después, la gestación de la nueva normativa urbanística para Mieres sigue inmersa en un farragoso proceso que ha estado salpicado de problemas y retrasos. Entre medias, el concejo ha perdido 10.000 vecinos, ha ejecutado la expansión universitaria y ha construido más de medio millar de pisos y diversos equipamientos en la Mayacina.

El gobierno local de IU aseguró hace un año que el PGOU recibiría, al menos, su aprobación inicial en 2023. Se trataba de un anunció ya repetido en ejercicios anteriores y siempre incumplido. IU heredó hace 12 años un proyecto de PGOU que, en teoría, estaba ya cerrado y listo para su aprobación. De hecho, los anteriores gestores socialistas anunciaron en enero de 2011 que ese mismo mes tramitarían el documento. El proceso no avanzó y cuando IU, tras su triunfo electoral, analizó el plan, el equipo del recientemente fallecido Aníbal Vázquez estimó que eran necesarias nuevas correcciones. Sonó razonable. Entonces se habló de "matices", pero el proceso se ha alargado en el tiempo durante otra década, aunque es cierto que la espera parece estar tocando a su fin.

La intención del Ayuntamiento de Mieres pasa por someter al nuevo PGOU a su aprobación inicial en un plazo breve de tiempo. Si no fuera por los precedentes, podría asegurarse que el trámite se abordará durante el primer trimestre del año, pero con este PGOU es mejor no fijar plazos. El obligado secreto sobre el contenido del farragoso documento no impide que algunos detalles genéricos del mismo sean ya conocidos. La planificación, por ejemplo, posterga en el tiempo la apertura de la ciudad hacia el norte. El proyecto que guiará el desarrollo urbano de la ciudad durante los próximos lustros desestima inicialmente la posibilidad de dar un nuevo uso alternativo al industrial a los terrenos del lavadero del Batán.

Con el fin de la minería ya solo pendiente de que acabe la indefinida prórroga concedida al pozo Nicolasa (Ablaña), la intención de Hunosa pasa por seguir desarrollando labores en las instalaciones del Batán. La compañía ha ideado una nueva línea de negocio centrada en la recuperación de materias primas y mineras. En otras palabras, el viejo lavadero de carbón tratará residuos industriales para su reutilización por terceras empresas. De esta forma, Hunosa garantiza la continuidad de una instalación que actualmente cuenta con 30 trabajadores en plantilla. El objetivo es poder recolocar en el centro a unos 40 mineros una vez Nicolasa agote la indefinida moratoria de la que goza actualmente antes de echar el cierre y poner punto y final a casi dos siglos de explotación de hulla en las Cuencas.

Requejo

Mientras sigue el proceso administrativo, se mantienen aún las incógnitas que había hace 20 años. Propietarios de inmuebles en barrios como Requejo siguen esperando conocer qué tipo de obras podrán llevar a cabo en sus propiedades, si se va a permitir su desarrollo o si se apuesta por su conservación. Y es que en Requejo se han derribado al menos media docena de casas en lo que va de siglo tras ser declaradas en ruinas. La actual normativa únicamente permite abordar obras de mantenimiento. El viejo barrio lleva desde mediados de los noventa esperando por una regulación urbanística que no llega. En su momento se suspendió la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) a la espera de una normativa general que no tiene prisa.

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