El secretario confederal de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, confía en que el transporte pare en toda España el día de la huelga general.

Así lo dijo a EFE tras recibir el premio a la Transparencia Informativa en la trigésima edición de estos galardones que otorga El Nuevo Lunes, a la que también acudió el ministro de Fomento, José Blanco, por haber sido galardonado su ministerio.

Además, Lezcano consideró que puede haber margen de negociación con el Ministerio de Fomento sobre la propuesta de servicios mínimos del transporte que este lunes presentaron los sindicatos y que pretende suprimir los vuelos internacionales desde los aeropuertos españoles y los trenes que no sean cercanías.

Según explicó, los sindicatos y Fomento deben encontrar un punto de equilibrio entre la prestación de los servicios y el ejercicio del derecho a la huelga.

Sin embargo, José Blanco no quiso avanzar cuál será el planteamiento del Gobierno hasta que hoy empiecen las negociaciones entre las dos partes.

No obstante, desde el punto de vista de CCOO y UGT, la propuesta de servicios mínimos cuenta con grandes posibilidades de acuerdo en la medida que está basada en la orden ministerial de la anterior huelga general, aunque en aquella ocasión no fue posible el acuerdo.

De hecho, fue la petición de paralizar los vuelos internacionales la que impidió un acuerdo, aunque unos años más tarde recibió la aprobación de los tribunales.

Los servicios esenciales para la jornada de huelga se han planteado de manera global e intermodal, teniendo en cuenta el conjunto de los medios de transporte existentes, para evitar duplicidades y con el objetivo último de garantizar el derecho de huelga de los trabajadores y el de la movilidad de los ciudadanos.

Por otra parte, durante el discurso de agradecimiento de la entrega de premios, el secretario general de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, criticó la actitud de "descrédito" emprendido por algunos medios de comunicación contra los sindicatos ante la huelga general.

Aseguró que se trata de una campaña de "linchamiento moral, injusta e injustificada" que cuestiona la legitimidad de la Constitución, al tiempo que calificó la transparencia informativa como signo de "higiene democrática".