El consejero de Presidencia representará a Asturias en la reunión con Almunia

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, representará al Principado en la reunión que mañana tienen previsto celebrar en Bruselas el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los ejecutivos autonómicos de Asturias, Euskadi y Galicia con el comisario de la Compentencia, Joaquín Almunia.

Martínez, que viajará hoy a la capital comunitaria para asistir a la reunión del Comité de las Regiones de la UE, acudirá a la cita con Almunia en lugar del presidente del Principado, Javier Fernández, que mañana inicia una visita oficial de dos días a Argelia.

La delegación española articulará la defensa conjunta del sector naval con argumentos jurídicos que intentarán desterrar la posibilidad de que la CE decida la devolución de las ayudas fiscales entre 2005 y 2011.

La difícil situación que atraviesa el sector estalló la semana pasada después de que Almunia anunciara que va a proponer a la CE que España reintegre las ayudas fiscales a la financiación de la construcción naval ("tax-lease"), que ascienden a unos 2.000 millones de euros.

Según ha señalado hoy el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo asturiano tras la reunión del Consejo de Gobierno, dicha decisión pone en peligro "miles de puestos de trabajo en España" y, en el caso de Asturias, afecta a una actividad en la que operan empresas que han demostrado ser competitivas.

Martínez ha señalado que en la reunión solicitarán de Almunia que corrija su posición y que se sume a la postura expresada por comisarios como de Emprendimiento e Industria, el italiano Antonio Tajani, "que ha apostado por una salida diferente".

A juicio de Martínez, la postura de España, secundada por patronal y sindicatos del sector, la avalan razones "jurídicas, políticas y sociales" como la "inacción" de la Comisión Europea ante estas ayudas durante años o la solución dada a Francia ante un problema similar, que no requirió la devolución de las ayudas.

La decisión aplicada a Francia, ha recordado, se adoptó en un momento económico "radicalmente distinto al actual" y ha considerado "ilógico" que en una coyuntura de crisis se condene "a una incertidumbre que no se sabe a donde lleva" al sector naval.