La ley española sobre incompatibilidades de los altos cargos determina que los afectados por la norma (miembros del Gobierno, responsables de empresas públicas y de organismos reguladores, entre otros) no podrán fichar por empresas del sector privado afectadas por decisiones en las que hayan participado en el plazo de los dos años siguientes al cese. El seguimiento de ese requisito es cometido de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la que los altos cargos deben comunicar sus planes de trabajo en el sector privado dentro de el citado plazo. Otros países establecen "cuarentenas" semejantes: tres años en Francia, dos en Gran Bretaña y uno en Irlanda, por ejemplo.
En España, en cambio, no está regulada la acción de los "lobbies", grupos de interés que intentan influir sobre las decisiones de gobernantes y legisladores. Según la organización Transparencia Internacional, Italia, Portugal y España los países europeos donde las prácticas de "lobby" y los vínculos entre el sector público y el financiero presentan más riesgos.
