Seis detenidos, que hoy pasarán a disposición judicial, y cuatro investigados -lo que antes se conocía como imputados- es, de momento, el balance que deja la investigación del caso de presunto fraude en las subvenciones de formación que recibió UGT del Principado de Asturias. Todos los implicados son o fueron dirigentes y trabajadores del sindicato regional y de empresas y fundaciones vinculadas a él: del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), de la sociedad mercantil Infastur y de la sociedad Localmur. Los detenidos ayer fueron:
Justo Rodríguez Braga. Fue secretario general del UGT de Asturias desde enero de 2000, cuando tomó el relevo de Eduardo Donaire, hasta mayo de 2016, cuando Javier Fernández Lanero le sucedió al frente del sindicato. Anteriormente había sido secretario comarcal de UGT de Gijón y trabajador de la compañía siderúrgica Ensidesa (posteriormente Aceralia y actualmente Arcelor-Mittal). Un día antes de abandonar el cargo en la cúpula del sindicato regional, que ocupó durante 16 años, declaró estaba "tranquilo" por el curso de las investigaciones sobre los cursos de formación. "No tenemos nada que ocultar. No hay ningún acto irregular, ni interés de enriquecimiento, ni de desviación de fondos", aseguró. En 2015 Rodríguez Braga decidió hacer pública su declaración de bienes. Tenía unos ingresos mensuales de 2.475 euros (2.069,39 euros netos de su pensión de jubilación como trabajador de Arcelor-Mittal y el resto de dietas que percibía de UGT) y declaró la propiedad del 50% de dos viviendas, en Gijón y Villaviciosa, y dos inmuebles rústicos, en Langreo, que suman un valor catastral de 154.771 euros. Además era titular, al 50%, de una cuenta en Liberbank con 21.647,45 euros y de otra en BBVA con 12.500 euros. Con Liberbank tenía concedido, también al 50%, un crédito de 24.000 euros cuyo saldo pendiente era entonces de 16.862 euros.
Daniel Rodríguez Vázquez. Fue secretario de Formación y Relaciones Institucionales de UGT Asturias en la última comisión ejecutiva autonómica liderada por Justo Rodríguez Braga, elegida en junio de 2013. Residente en Oviedo, es profesor y actualmente preside la activa Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afesa) de Asturias.
Manuel Díaz Cancio. Fue el antecesor de Daniel Rodríguez Vázquez al frente del área de Formación de UGT de Asturias. Entre 2009 y 2013 -buena parte del periodo que ahora investiga la jueza- este gijonés fue secretario de Formación y Empleo del sindicato. Anteriormente, dentro de las ejecutivas lideradas por Justo Rodríguez Braga, también había sido secretario ejecutivo, cargo que repitió entre 2012 y 2016.
Carmen Caballero Díaz. Fue secretaria de Administración y Comunicación en UGT de Asturias en la última ejecutiva autonómica liderada por Justo Rodríguez Braga y actualmente trabaja en el gabinete de comunicación del sindicato. Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo), trabajó en empresas de publicidad, organización de eventos y comunicación. Fue concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo. Figuró en el número cinco de la lista encabezada por Paloma Sainz, ex directora general de Formación del Principado de Asturias, en las elecciones municipales de 2007.
Silvia Sariego Ferrero. Licenciada en Derecho, esta ovetense fue responsable de departamento del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Asturias, fundación que estaba en la cúspide de la actividad de formación de UGT para desempleados y trabajadores. Era uno de los 15 empleados que llegó a tener IFES en Asturias para gestionar el volumen de cursos que llegaron a manejar, todos ellos subvencionados por administraciones públicas. A raíz de los recortes de los fondos de formación por la crisis y de las reformas en las fórmulas de reparto del dinero por los escándalos destapados, IFES se quedó con una estructura de personal mínima y sin actividad formativa. Entre los afectados por los recortes estaba Silvia Sariego, que perdió su empleo en IFES y dos años después aún sigue buscando trabajo. A pesar de que esta totalmente desvinculada de la fundación de UGT, ayer fue detenida en relación con los cursos que tramitaba.
Alberto González. Economista residente en Gijón, también trabajaba en el sindicato, en el área de nóminas y contabilidad.
Antes de las seis detenciones que llevó a cabo ayer la Guardia Civil, en el caso del presunto fraude de las subvenciones de formación de UGT Asturias ya había cuatro personas investigadas (lo que antes se denominaba imputados) en representación de IFES Asturias, Localmur, Infastur y UGT Asturias. Tres de los cuatro declararon entre febrero y mayo del pasado año ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. Estas cuatro personas (investigadas por la jueza María Luisa Llaneza, antecesora de Carmen Blanco como instructora del caso) son las siguientes:
Andrés de Dios Suárez. Es el responsable territorial de la fundación IFES en Asturias, que tiene su sede en el edificio sindical de UGT en Oviedo.
María Jesús Ocaña. Administradora de Localmur, empresa vinculada a IFES y que le alquila los locales para llevar a cabo los cursos de formación.
Mónica Menéndez Vázquez. Administradora de Infastur, una sociedad mercantil constituida en 1995 y de la que UGT-Asturias es administrador único. Aunque la sociedad nació para la organización de cursos, a partir de 2001 se dedicó, básicamente, al alquiler de ordenadores, actuando como proveedor de IFES. La langreana Mónica Menéndez Vázquez fue miembro de la ejecutiva de UGT de Asturias, como secretaria de administración, y actualmente es trabajadora del sindicato. Es familiar de Rodríguez Braga.
Abel Suárez González. Es el actual secretario de Organización de UGT Asturias, que fue citado ante la jueza de instrucción como representante legal del sindicato en calidad de investigado, aunque no llegó a declarar. Es el único miembro de la actual ejecutiva autonómica liderada por Javier Fernández Lanero que ha sido relacionado con el caso al ostentar la representación del sindicato.
