Duro Felguera afronta a partir del martes la fase crítica para su salvación con la apertura del proceso de ampliación de capital, en la que la compañía precisará captar 125,7 millones de euros para restablecer su equilibrio patrimonial y su solvencia.

La primera fase de la ampliación se extenderá hasta el 17 de julio, según el calendario que la sociedad dio a conocer de forma interna a los empleados. Durante esos catorce días se podrán negociar la venta y compra de derechos de suscripción preferente de acciones así como cursar las órdenes de adquisición de los nuevos títulos: se podrán solicitar y suscribir 97 acciones nuevas por cada 3 derechos que se posean o se hayan adquirido. Cada acción antigua genera un derecho, por lo que los accionistas preexistentes que no se desprendan de los derechos y que ejerzan su opción preferente de compra podrán suscribir 97 títulos de la ampliación por cada tres acciones antiguas de las que sean titulares. También cabe una fórmula mixta, con suscripción parcial de acciones y venta del resto de los derechos.

La sociedad pasará a contar con 144 millones de acciones viejas (una vez amortizados los 16 millones de títulos propios que Duro poseía como autocartera) y emitirá 4.656 millones de acciones nuevas a un precio de 0,027 euros: 0,01 de valor nominal y 0,017 de prima de emisión.

La colocación se hace con la previsión de suscripción incompleta durante esta primera fase, por lo que a partir del 17 de julio se abriría la segunda etapa, con la adjudicación mediante prorrateo de las acciones sobrantes que no hubiesen sido suscritas. Esta adjudicación en segunda ronda se hará entre aquellos inversores que en el inicio del proceso hubiesen manifestado su interés en adquirir acciones adicionales para tomar una participación superior a la que en principio les correspondía en virtud de la tenencia de derechos de suscripción.

Acacio Rodríguez, presidente de Duro, dijo anteayer en la junta general extraordinaria de la compañía, que el grupo ha recibido muestras de interés de inversores nacionales y extranjeros, así como de accionistas preexistentes y de trabajadores. Se sabe que el grupo qatarí Arabian Construction Engineering Company (ACEC) se ha ofrecido a tomar una posición, que el grupo gijonés TSK comprará acciones de la ampliación para mantener su 2,5% actual y se especula con que la familia Arias (10%) podría hacer una "operación blanca": una combinación de venta de derechos y compra de títulos con efectos económicos neutros.

La familia Álvarez Arrojo (mayor accionista, con el 24,3%) podrá vender los derechos que le corresponden por sus 39 millones de acciones o -de desafiar el veto bancario- adquirir hasta 1.261,5 millones de la ampliación. En este último caso, la banca acreedora anunció que dejaría sin efecto el acuerdo de reestructuración de la deuda y de refinanciación de la sociedad. Los Arrojo no registraron sus acciones en las dos juntas generales de los días 15 y 25. Esto les supuso dejar de percibir 117.115 euros en primas de asistencia, pero con ello contribuyeron de forma pasiva a que se aprobasen la ampliación y la reestructuración financiera. Pero esto fue antes de que este lunes Ángel del Valle (miembro de la dinastía) fuese destituido como consejero.