El nuevo Gobierno de Italia y la dirección de Arcelor-Mittal mantienen desde hace semanas un duro toma y daca a cuenta de la gigantesca planta de Ilva, en Tarento. Al ejecutivo transalpino no le convencen los planes en materia medioambiental y de empleo que el gigante siderúrgico tiene para este enorme complejo industrial, el mayor de Europa, y que ganó tras una subasta en 2017, cuando los actuales mandatarios en el país no habían llegado aún al poder.

El caso es el que ministro de Desarrollo Económico, Luigi di Maio, que pertenece al polémico partido Movimiento Cinco Estrellas, quiere que el grupo que preside Lakshmi Mittal haga un esfuerzo mayor para recortar las emisiones contaminantes de la planta. El problema ambiental de la planta es tan colosal que obligó al Gobierno a intervenir la planta en 2012, mientras jueces y fiscales investigaban si los vertidos tóxicos de la instalación eran los culpables de las miles de muertes que se estaban produciendo en la zona.

Di Maio es partidario de limitar la producción de la planta para así recortar sus gases contaminantes. Una solución que no ha sentado nada bien a la dirección de la multinacional, que se ha marcado el objetivo de fabricar ocho millones de toneladas de acero al año en esta instalación, el doble de lo que produce en Asturias. Es decir, ponerla a funcionar a todo gas.

El ministro también ha puesto problemas a los planes de Arcelor de recortar casi 4.000 empleos en Ilva, de los 14.000 que están en nómina. Una cifra que considera excesiva y que cuenta con la frontal oposición de los sindicatos de esta gigantesca factoría. Hoy mismo está previsto que se celebre una reunión entre las centrales y la dirección de la siderúrgica para hablar sobre este tema. Al encuentro está previsto que acuda el propio Di Maio, así como algunos representantes políticos de Tarento, por lo que se prevé que puedan saltar chispas.

Ambas partes se han dado hasta el 15 de septiembre para cerrar todas estas negociaciones. De lo contrario, el Gobierno italiano amenaza con echar por los aires toda la operación. Todo, pese a que la multinacional había manifestado ya en alguna ocasión que el acuerdo de compra debía de cumplirse.

Por otro lado, los sindicatos de la multinacional en Asturias tienen previsto celebrar esta semana asambleas entre sus afiliados para someter a votación el acuerdo para la reordenación de los horarios y turnos de trabajo en el tren de carril que, entre otras cosas, obligará a la plantilla a trabajar también los domingos y festivos. Al igual que ya hacen el resto de talleres del grupo en Asturias. El pacto laboral, que no incluye ni la entrada ni la salida de personal, se presenta como vital para tratar de levantar la actividad de esta instalación, que estaba perdiendo un millón de euros al mes. Arcelor había amenazado, incluso, con cerrar el taller si no se llegaba a una solución en breve.