15 de septiembre de 2020
15.09.2020
La Nueva España

Los ministros de Inclusión y de Trabajo discrepan sobre el retraso de la jubilación

Yolanda Díaz ve en la ampliación de la vida laboral un freno al empleo juvenil y José Luis Escrivá entiende que en 25 años habrá falta de mano de obra

15.09.2020 | 00:27

Los ministros de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de Trabajo, Yolanda Díaz, expresaron ayer en público sus discrepancias sobre la conveniencia o no de incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral como mecanismo que contribuya a la sostenibilidad del sistema estatal de pensiones.

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, perteneciente al sector de Podemos en el Gobierno de coalición, expresó su disconformidad con la propuesta de Escrivá, designado a propuesta del PSOE, quien el pasado miércoles había propuesto demorar la edad de jubilación y adoptar fórmulas que permitan compatibilizar de forma voluntaria el trabajo con la percepción de una parte de la pensión.

A juicio de la titular de Trabajo, "propiciar -y que además incentivemos- alargar la edad de jubilación más allá de la legal entorpece la posibilidad de incorporar jóvenes" al mercado laboral y de reducir con ello el elevado paro juvenil de España, que es, señaló, el "principal reto que tenemos planteado". Por esta razón, Díaz sostuvo, en declaraciones a TVE, su convicción de que la propuesta de Escrivá "no es el camino correcto", aunque matizó que de "esto se está dialogando en el seno del Pacto de Toledo" con el resto de las fuerzas políticas "y entre Unidas Podemos y el Partido Socialista".

A diferencia de Díaz, Escrivá no cree que exista el riesgo de dañar el empleo juvenil apuntado por la ministra de Trabajo. "Tenemos que mirar a largo plazo y en 25 años, de acuerdo con las proyecciones demográficas existentes, se va a producir una caída grave de la población española en edad de trabajar", señaló en La Sexta. En su opinión, los trabajadores jóvenes y los que ya hayan alcanzado la edad legal de jubilación no desempeñan además, los mismos tipos de empleos, por lo que, a su entender, tampoco se produciría el efecto de barrera de entrada al mercado laboral que teme Díaz.

El responsable de la Seguridad Social planteó que sus sugerencias reflejan las propuestas que están planteando las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo para adecuar el sistema de jubilación al alargamiento de la esperanza de vida de la población y explicó que mientras España ya tiene un estímulo del 2% en la pensión a quienes demoren su jubilación, en otros países europeos el incentivo alcanza hasta el 7%. Cada trabajador que dilata su actividad profesional supone un ahorro significativo al sistema público de pensiones, indicó.

Díaz entiende que no se debe penalizar más a albañiles o limpiadoras cuando se acogen a jubilaciones anticipadas. Su compañero de gabinete se sumó a esta reflexión y se basó en ella para justificar una reforma: "Si tú tienes una base de cotización y salario bajos, te toca el 8%" de penalización sobre la prestación, "pero si tienes un salario alto y estás en una base alta ese 8%, se puede convertir en un 2%". "Por lo tanto", dijo Escrivá, "tenemos un modelo regresivo y, como somos un gobierno progresista, debemos corregir esto".

Escrivá reiteró su tesis -que ya defendía cuando era responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)- según la cual el sistema público de pensiones tiene un déficit artificial dado que está asumiendo "gastos impropios", que no debe sufragar la caja única de la Seguridad Social. Se trata de desembolsos ajenos al sistema de cotización y que, por tratarse de prestaciones que emanan de decisiones discrecionales de los gobiernos, deben ser asumidas, en su opinión, con cargo a las arcas publicas y no seguir finándose con las cotizaciones de trabajadores y empresarios. El déficit actual de la Seguridad Social supone el 1,7% del PIB de 2019 (en torno a 20.000 millones anuales) mientras que las cargas ajenas que asume el sistema de protección rebasa, dijo, esa cifra. "El sistema es solvente. Tenemos un reto cuando en 2025 empiecen a jubilarse los españoles del 'baby boom'" pero "es" opinó, "un problema manejable".

La ministra reiteró que si los trabajadores sujetos a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) fuesen finalmente despedidos tendrán una prestación de desempleo de 180 días, aunque no hayan cotizado lo suficiente para generar ese subsidio o lo hayan ido consumiendo durante la pandemia. Y sobre la prórroga de los ERTE de la pandemia que se está negociando con los agentes sociales, abogó por extenderlos más allá del 31 de diciembre. En la reunión de ayer de las partes, el Gobierno planteó alargarlos hasta finales de enero.

Escrivá postuló la necesidad de una reforma tributaria por "causas estructurales y no por la pandemia". La fiscalidad española "es claramente mejorable", dado que existen beneficios fiscales por 70.000 millones que drenan la recaudación, explicó, aun cuando los tipos impositivos sean altos.

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