La Inspección de Trabajo está apretando las tuercas a las empresas asturianas para intentar sacar a flote contratos temporales fraudulentos. Sin embargo, las formas en las que se está desarrollando la campaña no están sentando bien ni a los empresarios ni a sus asesores laborales. La Inspección está realizado un envío masivo de cartas informando de que ha puesto en marcha una campaña de lucha contra este fraude e invita a las compañías a regularizar posibles situaciones anómalas. El problema, denuncian los asesores laborales, es que los envíos se hacen de manera indiscriminada, incluyendo en el listado a empresas que no están incumpliendo la ley. Muchas de ellas, por miedo a verse en problemas –la carta advierte de que infringir la ley acarrea importantes sanciones– acaban cediendo y haciendo fijos a temporales, aunque no haya nada irregular en los contratos.
Marcos Martínez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Asturias, explica que muchas de las cartas van dirigidas a empresas encuadradas en sectores en los que tradicionalmente hay una alta tasa de temporalidad, como la hostelería. La cuestión, agrega, es que la mayoría de las empresas están cumpliendo la ley. “No están haciendo nada malo”, apunta. “Muchas vienen a consultarnos y nosotros les decimos que no tienen que hacer nada, que están cumpliendo las normas, pero algunas, por miedo, están transformando esos contratos temporales en fijos”, comenta el responsable del área laboral de una importante asesoría de Oviedo. “No es algo tan sencillo, porque la Inspección no sabe si el contrato es fraudulento o no”, apunta Martínez, que critica con dureza las formas en las que está actuando el citado organismo.
Para elegir al destinatario de las cartas, la Inspección cruza varias bases de datos –las de contratación y las vidas laborales–, un trabajo que realizar de manera automática un algoritmo. La diana son aquellas empresas que tienen una mayor concentración de contratos temporales. Muy crítico, Marcos Martínez asegura que lo que no se puede hacer es “amenazar” y considera que la Inspección de Trabajo debería explorar otras fórmulas para intentar detectar el uso fraudulento de la contratación eventual.
El caso es que la medida está surtiendo efecto. Mucho. Los últimos datos aportados por el Ministerio de Trabajo señalan que en un mes las empresas españolas –el Gobierno no ofrece datos por regiones– habían pasado a más de 300.000 temporales a fijos. El balance es de hace unos días, con lo que es muy probable que esa cifra haya crecido aún más. Sacando pecho, la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presume de que la iniciativa está siendo “todo un éxito”.
Miguel Garzo, de la asesoría Buenavista, puntualiza que se trata de “cartas informativas en las que se invita a las compañías a regularizar la situación”. La contrapartida a no hacerlo es una visita de la Inspección de Trabajo, con un control más a fondo. En Asturias, según los últimos datos de la Encuesta de población activa (EPA), había 88.800 asturianos que en el tercer trimestre del año –marcado por la campaña de verano– tenían contratos temporales. Es la cifra más alta desde el tercer trimestre de 2015, cuando se habían alcanzado los 90.200.
Trabajo lleva tiempo con el objetivo de reducir los elevados niveles de temporalidad. Días atrás, Yolanda Díaz aseguró que “el trabajo contra la temporalidad es un objetivo de país. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para reducirla al máximo y que la prioridad sea el contrato estable”. El foco del Ejecutivo está puesto en arrinconar los contratos temporales a situaciones en los que estén plenamente justificados. En algunas de las mesas de negociación en las que el Gobierno está con los sindicatos y la patronal para discutir sobre el futuro de la legislación laboral, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ya ha planteado la posibilidad de poner límites a esta forma de contratación. Un planteamiento que, por ejemplo, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, rechazó recientemente en Oviedo, cuando participaba el congreso nacional de hoteleros. Señaló entonces: “No sé qué se pretende tratando de castigar a las empresas cada vez que se hace un contrato temporal para, por ejemplo, un camarero extra para un evento”.
