La patronal asturiana FADE tiene constatada la existencia de 6.000 vacantes laborales en Asturias (aunque cree que la oferta de empleo sin cubrir es "probablemente" muy superior) pese a que la región tiene 62.639 parados registrados (dato de octubre) y 56.500 según la encuesta de población activa del tercer trimestre.
María Calvo, presidenta de FADE, y que ayer reunió a su consejo y a su junta directiva, considera que estas opciones de trabajo (sobre todo en los sectores de las tecnologías de la información, metalurgia, transporte, hostelería y construcción) no se cubren "porque los parados existentes no tienen la formación adecuada ni la capacitación". Negó por ello que sea "una cuestión de salarios", como evidencia que hay problemas, dijo, para reclutar personal en sectores con remuneraciones muy superiores al promedio, como las tecnológicas (TIC) y el metal.
La presidenta de los empresarios se congratuló de que el Gobierno vaya a adoptar controles sobre los perceptores del salario social que rechacen ofertas de trabajo, "El escudo social debe existir para quienes lo necesitan pero estaba desincentivando la búsqueda de empleo", sostuvo Calvo.
La dirigente de FADE negó que haya bloqueo de la negociación colectiva en Asturias y congelación salarial, y recordó que el 84% de los trabajadores de la región tienen convenio en vigor (de los grandes convenios sólo está pendiente el de hostelería) y que las condiciones pactadas (incluidas las cláusulas de revisión y otras mejoras cuando se han acordado) suponen un aumento medio del 4,5%. Asturias, dijo Calvo, es la quinta región con mayor salario medio cuando es la decimosegunda en PIB per cápita. La región, afirmó, es la región que mayor porcentaje de facturación empresarial se destina a pagar salarios en el sector servicios y la tercera en el de la industria.
Calvo rechazó, no obstante, vincular "automáticamente" la subida salarial al IPC porque "generaría más inflación y pobreza". "Todos los sectores son heterogéneos en función de la productividad", señaló.
FADE pidió ayer que los ingresos que el Estado recaude con el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas sean "finalistas" y "reviertan a quienes pagan la factura" de la luz, caso de las empresas. La patronal también pidió la suspensión del coste de los derechos de emisión y acelerar los fondos y la inversión para energías renovables.
La Federación Asturiana de Empresarios pidió que el Estado "entre en la ecuación del pacto de rentas" y haga "un esfuerzo" de ajuste de gastos "superfluos" por "duplicidades, burocracia y desembolsos que no contribuyan a mejorar los servicios", y que el IEE, dependiente de CEOE, ha estimado en 60.000 millones. "En un año récord de recaudación por la inflación hacemos un llamamiento a la responsabilidad fiscal y que se cuadren las cuentas ajustando gasto".
