La UE blinda las ayudas que recibe la gran industria asturiana para rebajar la luz

Azsa, ArcelorMittal y Ence podrán seguir obteniendo compensaciones millonarias por el CO2 con el endurecimiento de la normativa de emisión

La factoría de Asturiana de Zinc en Castrillón. | Mara Villamuza

La factoría de Asturiana de Zinc en Castrillón. | Mara Villamuza / Yago González

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Las compensaciones a la industria por los costes de emisiones indirectas de CO2 se mantendrán con el endurecimiento de la normativa europea para cumplir los objetivos climáticos de cara 2030. Esto supone que la grandes factorías asturianas conservarán su principal apoyo económico para rebajar el precio de la electricidad y evitar la pérdida de competitividad en los mercados internacionales. El pasado año obtuvieron por esta vía un total de 39,4 millones de euros.

El Consejo de la Unión Europra aprobó en abril hasta cinco actos legislativos para incrementar la ambición en el recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero y decidió que los ingresos procedentes del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de carbono –los obtenidos con las subastas– financien el Fondo Social por el Clima, dotado con hasta 65.000 millones de euros destinados a apoyar a los hogares, las microempresas y los usuarios del transporte vulnerables. En esta relación de afectados por las acciones contra el cambio climático –y al mismo tiempo beneficiados por el fondo social– ya no aparece la industria, lo que puso en alerta al sector, porque las compensaciones por los costes de emisiones indirectas de CO2 están vinculadas al dinero obtenido en las subastas de derechos de emisión.

La directiva europea que establece el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) y que ahora ha sido revisada obliga a los Estados miembros a invertir todos los ingresos del RCDE en la lista de fines climáticos. Sin embargo, el texto final aclara que los ingresos utilizados para la compensación de los costes indirectos del carbono no cuentan para esta obligación, son la "excepción". Este blindaje supone que la gran industria asturiana podrá seguir recibiendo las que, hasta ahora, son las principales ayudas incluidas en el estatuto de consumidores electrointensivos. El año pasado recibió por esta vía 39,4 millones de euros que fueron a parar a las compañías Asturiana de Zinc (19.574.691 euros), ArcelorMittal (17.112.365 euros), Ence (1.777.757 euros), Asturiana de Aleaciones (629.557 euros), Asturiana de Laminados (149.004 euros) y Minersa (138.243 euros).

La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea había dado el visto bueno el pasado año a un régimen de ayudas de España de 2.900 millones para cubrir parte del aumento de los precios de la luz derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad (los denominados costes de emisiones indirectas) para el periodo 2021 y 2030. Ese marco sigue ahora vigente.

Los requisitos

Las compensaciones se financian con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero España incorporó una disposición que establece que el presupuesto anual no puede superar el 25 % de sus ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2. Para este año hay presupuestados 244 millones de euros, la misma cantidad del año anterior, en el que se había ampliado la partida.

Para poder optar a la compensación, las empresas electrointensivas tienen que seguir determinadas recomendaciones de auditoría energética, cubrir al menos el 30% de su consumo de electricidad con fuentes sin emisiones de carbono (a través de instalaciones de generación de energía renovable in situ, acuerdos de compra de energía sin emisiones de carbono o garantías de origen), o invertir al menos el 50% del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero de sus instalaciones. Los beneficiarios deberán cumplir una de esas obligaciones en un plazo de tres años a partir de la concesión de la ayuda.

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